Unos minutos antes de entrar en el avión, funcionarios de la embajada de España en Cuba se acercaron al aeropuerto José Martí para ofrecerles una especie de compromiso de España con los presos políticos cubanos que eran deportados a nuestro país. El documento, de cuatro folios, detallaba las ayudas de alimentos, de integración social, de escolarización, ayudas para los libros de texto, etc. Pero la parte fundamental era una ayuda cercana a los 1.200 euros mensuales por núcleo familiar durante 18 meses ampliable a 24. De esto no hay nada de nada. Y los presos se quejan de que el Gobierno no ha cumplido todavía con sus compromisos.
Pero eso no es lo relevante. Lo sustancial es que los presos ya han tomado partida en relación a la posición común. El Gobierno quiere utilizar las deportaciones que ellos llaman liberaciones- como argumento para modificar la posición común. Pues bien, los presos deportados instan a no modificar la posición común por considerarla el único instrumento de presión de la UE contra la violación flagrante de los derechos humanos. Cuando los presos pasen de la prisión al capitolio será el momento de cambiar la posición común; lo mismo que ocurrió en España: cuando Marcelino Camacho y Nicolás Redondo entraron en el Congreso se podía dar por finalizado el franquismo, señala uno de sus letrados, Ernesto Gutiérrez Tamargo.
Además, a mediados de septiembre han sido llamados por el secretario general del PP europeo, López Istúriz, para un hearing, un contacto que permita a los europarlamentarios tener información de primera mano sobre su posición respecto a los temas cubanos. Por supuesto, Istúriz no es el único. Hay mucho interés en europarlamentarios checos, húngaros, alemanes, franceses y británicos. De momento, la Comisión de Derechos Humanos alemana ya se ha personado en el lugar donde se encuentran los presos para advertirles que si teniendo estatus de refugiado el gobierno español no les deja hablar, presentarán una moción ante el Parlamento Europeo.
