La Comisión Europea sigue aprovechándose de la debilidad negociadora del Gobierno Zapatero. Una vez más, la Comisión insiste en que antes de fin de año debe desaparecer la acción de oro, o veto político. Se trata de una fórmula por la que aquel inversor que pretenda comprar una empresa considerada estratégica deberá obtener antes el visto bueno del Gobierno.

Esta fórmula se aplicó con el proceso de privatización que inició Felipe González y terminó José María Aznar. Así por ejemplo, todo aquel que pretenda comprar un 10% de Telefónica deberá antes obtener el permiso gubernamental, al menos hasta febrero de 2007. Y lo mismo le ocurrirá a quien pretenda adquirir un 3% de Repsol YPF a la misma fecha. Iberia, Altadis (en su momento) y Argentaria (hasta la fusión con el BBVA) también dispusieron de acción de oro.

Pero el caso más peligroso es la primera eléctrica española, Endesa. Hasta febrero del próximo año, está protegida por un veto político que reduce la posibilidad de una compra hostil al 3% del capital. Endesa está rodeada por una serie de países europeos con eléctrica poco rentables peor muy grandes, y que no necesitan acción de oro por la sencilla razón de que las controla el Estado. Hablamos de las eléctricas alemanas EON y RWE, de la italiana ENEL o de la francesa EDF que ni tan siquiera ha comenzado un proceso de privatización digno de tal nombre. Todas ellas estarían deseando hacerse con la compañía que lidera Manuel Pizarro. Tiran con pólvora del rey, con dinero del Estado.

Sin embargo, el Gobierno español, ni exige que se privaticen las eléctricas europeas ni hace frente a la Comisión. Al contrario, Zapatero ha anunciado que antes de fin de año, tal y como exigen los eurócratas, elaborará una norma que modifique la acción de oro. Algo que tampoco se entiende bien, porque los funcionarios de Bruselas, crecidos ante la debilidad del Ejecutivo español, no quieren una modificación de la norma, sino su total y definitiva eliminación.