Bono manda. Al ministro de Defensa no le paran ni una ley, señaló hace algunas semanas a Hispanidad. Y ahí está él. Fuerte, sólido, pactando con el PP asuntos de Estado y celebrando con Mariano Rajoy. Y así es como se ha aprobado la ley de tropa y marinería. Y como ahora se ha aprobado el plan de modernización de las Fuerzas Armadas por un importe, nada menos que de 12.500 millones de euros. Con estos fondos se adquirirá una fragata F100, 4 buques de acción marítima, 45 helicópteros y misiles. Se trata de modernizar nuestras fuerzas armadas para que puedan cumplir con nuestros compromisos internacionales, señala De la Vega

Según la vicepresidenta, esta decisión supondrá un impulso de Navantia, creando 500 puestos fijos en El Ferrol en el periodo 2006-2011 y 400 en los astilleros de Cádiz en el periodo 2006-2010. Por cierto, que en relación a este asunto, el vicepresidente económico, Pedro Solbes, ha señalado que no tiene nada que decir al proceso de privatización de Izar, pero sí ha matizado que no observa la presencia accionarial exclusiva de las cajas de ahorros, porque no conocen del negocio. Otra cosa es matiza- que vayan acompañadas de un socio tecnológico. De esta manera Solbes zanja el debate sobre la presencia de las cajas de ahorros en los astilleros de Izar.

En el mismo Consejo de Ministros se ha aprobado un fondo para acogida de 120 millones de euros. El reto de la integración continúa, señala De la Vega que se muestra orgullosa de haber elevado el presupuesto del fondo de 4 a 120 millones de euros. Madrid y Cataluña consumen casi el 50% de dicho fondo destinado a labores de integración, educación, salud, etc.

La integración es una labor de todas las administraciones, ha señalado la vicepresidenta. De esta manera, endosa implícitamente el grueso de la responsabilidad a las CCAA. Esta misma semana el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, reclamaba 600 millones de euros adicionales en aplicación del vigente modelo de financiación autonómica por el incremento poblacional que Valencia había sufrido desde 1999, año utilizado como base para el actual modelo. Como es obvio, los 120 millones para toda España, parece una cuantía ridícula si tenemos en cuenta la presión presupuestaria ejercida por los 700.000 inmigrantes regularizados.