El Estado argentino recriminó a Aerolíneas Argentinas S.A el no defenderse de las irregularidades cometidas en perjuicio de su patrimonio, por parte de su propietario, el grupo español Marsans. Dicha decisión estatal es consecuencia del conocimiento que el Gobierno del presidente Kirchner ha tenido de cláusulas del contrato (público pero secreto), celebrado entre la SEPI y el Grupo Marsans, en octubre del 2001, y por el cual el Ejecutivo español privatizó la aerolínea de bandera argentina.
De las mencionas cláusulas, se desprenden acciones dolosas contra la propia Aerolíneas Argentinas, los accionistas minoritarios de la misma, así como contra el conjunto de los acreedores del Concurso de Aerolíneas. La mencionada recriminación se efectuó en un escrito presentado ante el Juzgado Mercantil de Primera Instancia Nº 15 de Buenos Aires, a cargo de la magistrada Norma Beatriz Di Notto.
En definitiva, el caso Aerolíneas, empresa regalada a los empresarios Gonzalo Pascual y Gerardo Díaz y subvencionada con dinero público español, ha entrado en una nueva etapa. Kirchner exige ahora a Zapatero algo más que buen talante: quiere que la SEPI deje de subvencionar a Marsans y exige ante el juez que se revise el convenio de acreedores y el destino de los 758 millones de dólares que la SEPI dio a Marsans para reflotar Aerolíneas (quedan por entregar 85 millones).
