La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, ha querido "vestir" el decretazo contra la LOCE bajo el manto de la legalidad. "No hay derogación ni suspensión. La LOCE sigue en vigor. Lo que hay es una aplicación de la disposición adicional primera de la LOCE que insta al Gobierno a desarrollar el calendario de aplicación", señaló De la Vega.

 

En su opinión, sólo se "frenan" –pero no se suspenden, no se me pierdan con el verbo- aquellos aspectos "especialmente controvertidos" sobre los que habrá que "dialogar" y buscar el "consenso". A saber: la separación de los itinerarios escolares a partir de los 14 años, la reválida y la evaluación de la asignatura de religión. En opinión del Gobierno, el decretazo dará mayor tranquilidad a toda la comunidad escolar. No opinan lo mismo los directores de escuelas, que ya han manifestado su desconcierto ante la decisión del Ejecutivo.

 

También han manifestado su sorpresa distintos juristas que consideran que la decisión del Gobierno supone una vulneración del principio de jerarquía normativa. No piensa lo mismo De la Vega de "algunos" juristas, cuyo criterio dice respetar. En su opinión, el Gobierno se limita a cumplir la Ley. Eso sí, con "frenazo". Además, De la Vega ha amenazado a quien -como la Comunidad de Madrid- ha anunciado que no aplicarán el mencionado decreto: "El principio de legalidad rige para todo el mundo. Que se atengan a las consecuencias quien opte por el incumplimiento de la ley".