• El Estado comprará a un precio y los banqueros a otro. Encima, la inversión apenas computará a efectos de coeficiente de recursos propios.
  • Y más: los bancos privados sólo entrarán en el capital del banco malo si los activos inmobiliarios se asignan a precio de mercado, no a precio de favor.
  • Otrosí: si el banco tóxico fuera de titularidad pública computaría como deuda soberana: no nos conviene.
  • El caos del banco tóxico comenzó cuando el Gobierno pasó de un banco malo por entidad a uno general.

Hemos pasado de la obligación de un banco malo por entidad (RD-ley 18/2012), a la de un único banco malo para la parte del sector con necesidades de ayudas públicas (RD-ley 24/2012), y otro para cada entidad sin problemas, en poco más de tres meses. Al margen del problema que supone la corta vida de las normas del Ministerio de Economía, que lidera el ministro Luis de Guindos (en la imagen), que no permite planificar lo más mínimo, hay que analizar las cuestiones que suscita, por ejemplo, cómo se quiere financiar esa nueva figura: la de la sociedad tenedora, gestionada por el FROB, de los inmuebles provenientes de las entidades beneficiarias de la ayuda pública, principalmente las nacionalizadas (Bankia, NCG Banco, Catalunya Caixa y Banco Valencia).

Se pretendía financiar el banco del FROB con emisiones de deuda, pero mientras el Estado mantuviera la mayoría de su capital social, dicha deuda computaría como deuda pública, algo de lo que, como todos sabemos andamos sobrados. Solución: que entre capital privado hasta diluir el público lo suficiente como para que el endeudamiento de la sociedad tenedora no se considere público.

Ahora bien, nuevo problema: el capital privado sólo está dispuesto a entrar si las adquisiciones del banco malo a la banca con activos tóxicos se hace a precios de mercado y no, como se pretende, a precios de favor que reduzcan las pérdidas de los vendedores y sus necesidades de ayuda por otras vías.

He aquí que para solucionar el nuevo atasco sólo se encontraba un modo que quedaba poco elegante: el Estado compra sus participaciones en el banco malo a un precio y los capitalistas privados a otro que, lógicamente, es mejor. Un escándalo. Pero como la creatividad de los financieros es infinita, acudimos al igualitarismo: el banco malo comprará activos a buenos precios para los vendedores, tanto si son instituciones que necesitan ayudas para salir adelante como si no lo son. Así todos contentos. Todos no. Al menos los contribuyentes no deberían estarlo.

De hacerse así las cosas, es decir, si todo el sector tiene derecho a enchufar sus activos inmobiliarios provenientes de adjudicaciones en pago de deudas a precios interesantes para el mismo, alguien perderá. ¿Quien? El único interviniente en la operación que no vende inmuebles al banco malo: el Estado. Es decir, el contribuyente.

De paso, al estar muy atomizado el capital del banco malo y no controlarlo nadie, nadie tiene la obligación de consolidarlo en sus estados financieros y, de paso, se ahorra el elevado consumo en términos de recursos propios que suponía la aparición hasta hace poco en sus balances de los activos vendidos.

Las participaciones en la nueva sociedad, adquiridas a cambio de la entrega de los inmuebles, consumen menos recursos propios. Un negocio redondo: ninguna institución, salvo el Estado, renuncia a los beneficios que le corresponden según la lógica del mercado y todas reducen el gran volumen de capital que consumían los inmuebles. Todo esto con la excusa de que para vender bien los activos hace falta tiempo y sólo un ser eterno, el FROB, puede tomarse el tiempo para ello. La verdad es que nos podrían haber dejado hacer buenas compras, en lugar de realizar ellos buenas ventas, pero está claro que el mercado libre no nos conviene.

Rubén Manso

ruben@hispanidad.com