La historia es la siguiente. María es una alumna de 2º de la ESO. Como cerca de un millar de alumnos, es objetora a EpC. Entre septiembre de 2008 y junio de 2009 no acudió a clase; permaneció en la biblioteca a la espera de una solución para su caso. Tras las sentencias del Supremo, los padres de Maria optaron porque se presentara al examen de septiembre, pero las autoridades del instituto prefirieron que se presentara en junio. Así se hizo y Maria sacó un 6,9. Sin embargo, la nota aparecida en el boletín de notas fue de 4. El instituto se excusaba en que se aplicó con Maria el mismo criterio de evaluación continua del resto de alumnos: el 60% de la nota proviene del examen final y el 40% restante del trabajo en clase.
Obviamente el caso de María era especial y sus padres decidieron recurrir a la Dirección Territorial de Educación dependiente de la Consejería de Educación. En paralelo, la madre acudió a instituto a recoger los contenidos que se exigirían en septiembre y se encontró con la sorpresa de que no coincidían con la programación del departamento. Posteriormente, los padres de Maria se reunieron con la inspectora de Educación en el propio instituto y pudieron comprobar el engaño: en ningún sitio se decía que el 40% de la nota fuera por trabajos en clase. En resumen: el instituto había aplicado en el caso de Maria unos criterios arbitrarios con el único objetivo de perjudicarla, concluyen desde Madrid Educa en Libertad.
A todo esto, agosto se echa encima y la casa sin barrer. La resolución de la consejería eximiendo a María de examinarse en septiembre llega el mismo 1 de septiembre, un día antes del examen. Por todo ello, los padres han acudido al Defensor del Menor convencidos de que su hija ha sufrido una evidente discriminación por el hecho de ser objetora. El Defensor del Menor va a solicitar un exhaustivo informe a la Dirección Territorial de Educación y a la consejería de Educación de Lucía Figar. El caso de Maria evidencia la absoluta indefensión en la que quedan los padres objetores por parte del gobierno de Esperanza Aguirre; también queda clara la voluntad de los padres de defender sus derechos y los de su hija hasta el final, concluye María Menéndez, portavoz de Madrid Educa en Libertad.
