La objeción de conciencia frente a la asignatura de Educación para la Ciudadanía preocupa mucho al Gobierno. Prueba de ello es que, al igual que lo intentó con las víctimas del terrorismo, el Ejecutivo Zapatero ha puesto un gran empeño en buscar la división entre la disidencia. En plena fotonegociación (técnica gubernamental consistente en hacerse la foto con para demostrar que hay reuniones, pero sin admitir ni una sola propuesta) consiguió que la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza (FERE) se desmarcara de la corriente contra una asignatura creada sin disimulos para el adoctrinamiento. La FERE insiste en que respeta –qué remedio- la objeción de conciencia, pero no la comparte.
A todo esto, ayer el Cardenal Arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, criticaba la asignatura y entendía que la objeción de conciencia "puede estar justificada". Y hoy el Consejo de Laicos afirma en una nota de prensa que EpC es una "imposición inadmisible por suponer un atentado contra los derechos reconocidos en nuestra Constitución de 1978". No sólo eso; el Consejo de Laicos da en el clavo cuando matiza que no se opone a la libertad, la tolerancia y otros valores, sino a una educación partidista y al hecho de que los padres no puedan "elegir la educación religiosa y moral para sus hijos de acuerdo con sus creencias". Y es que el problema no está sólo en los contenidos, sino en el hecho de que sea el Estado quien decida la ética de los ciudadanos.
Otro palo a la asignatura estrella del Gobierno que debería hacer pensar a algunos que en materia de educación, nos jugamos algo más que las subvenciones del Estado.
