El Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) resolvió el pasado jueves 17 de febrero ejecutar el traslado de la sede del organismo de supervisión del mercado de las telecomunicaciones a Barcelona. Como es bien sabido, la decisión de traslado de la CMT a Barcelona fue adoptada por el ministro de Industria, José Montilla, que la adelantó el pasado mes de julio, y se formalizó en un Real Decreto publicado a finales de enero.
Sorprende esta decisión, porque el consejo rector del organismo emitió una nota el pasado 28 de julio en la que afirmaba que la determinación del modelo organizativo correspondía al Consejo en función de la independencia legal que le corresponde y no al Ministerio. Pero sorprende también porque, hace 15 días, el presidente de la CMT calificaba el traslado de "deportación".
Por eso, los trabajadores no entienden las prisas en ejecutar un Real Decreto que establecía todo el ejercicio 2005 para su cumplimiento. Quizás porque haya habido un acuerdo implícito entre Ministerio y CMT para que el impacto sea poco traumático. Porque lo acordado el pasado jueves 17 contempla que el traslado de los trabajadores será voluntario e incentivado. Es decir, no se irá nadie que no quiera y el que se vaya, será con una mayor remuneración.
Obviamente, la resolución del Consejo contempla también la creación de unas "dependencias operativas" en Madrid, para "garantizar la fluidez de la actuación del organismo". Es decir, el traslado a Barcelona será cosmético, siguiendo el modelo Retevisión, tal y como ya informara Hispanidad.com.
Los trabajadores, sin embargo, no se sienten especialmente satisfechos con la medida. En primer lugar, por la forma en la que ha sido comunicada. La resolución fue informada a un responsable del comité de empresa a las 14:00 horas, tres minutos antes de que fuera remitida a la plantilla a través de correo electrónico. Se trata de la única información oficial que han recibido tras el "a Barcelona o a la calle". Por eso, el ambiente entre los trabajadores sigue siendo de escepticismo. "La transparencia brilla por su ausencia", señalan.
El próximo mes de diciembre se renueva el Consejo: tres consejeros y la vicepresidenta. Y los trabajadores temen que el nuevo Consejo tome una decisión diferente. "No vamos bajar la guardia", señalan. "Se han pasado meses haciendo dibujitos sin informarnos de nada", añaden en relación a las diversas especulaciones relativas a los posibles incentivos o a las eventuales recolocaciones.
Además, los trabajadores no entienden por qué el Consejo que en julio defendía su independencia no recurre el Real Decreto. Ellos ya lo han hecho. Exactamente, el pasado jueves 17. De momento, en vía laboral. Argumentan que quien decide el traslado no es el empleador y que, por tanto, no es competente para tomar una decisión que afecta a la relación laboral. Pero, además, señalan que no concurren las circunstancias previstas en el Estatuto de los Trabajadores para efectuar un traslado. "No es una decisión económica o técnica, sino política", concluyen.
