La propuesta de sanción por gestión inadecuada de restos de abortos está fechada en el 2007

En febrero de 2007 agentes del Seprona de la Guardia Civil investigaron el centro de abortos Isadora por gestión inadecuada de los restos de aborto. En las mismas fechas se inició una causa judicial por supuestos abortos ilegales que paralizaba el expediente administrativo. Sin embargo, la causa penal fue archivada el pasado 15 de octubre de 2009 por el polémico juez Ramiro García de Dios. Desde entonces, la consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid sigue manteniendo el expediente en el cajón. Algunas fuentes apuntan a que dicho expediente podría haber sido extraviado. Falso. Por si alguien tiene problemas de memoria, aquí lo adjuntamos.

Tampoco vale la excusa de la prescripción. Los expedientes administrativos por falta muy grave caducan a los 5 años. Estamos en plazo. ¿Qué dice el expediente? Amplia información acerca de cómo gestiona la clínica Isadora los restos de los abortos, concretamente los Residuos Biosanitarios de Clase IV, que incluyen los cadáveres y restos humanos de entidad suficiente para ser reconocidos como tales (procedentes de abortos, mutilaciones y operaciones quirúrgicas). A los residuos de Clase IV de estos abortos les corresponde, por la legislación de Policía Sanitaria Mortuoria, enterramiento, incineración o empleo para fines docentes o de investigación, previa autorización de la madre.

Más detalles del expediente: en el acta levantada por el equipo inspector de la Comunidad de Madrid el 23 de febrero de 2007 se cita el incumplimiento por parte del centro de diez normativas sobre gestión de residuos, incluyendo la normativa de Policía Sanitaria Mortuoria, y se califica la falta como muy grave, con propuesta de cierre temporal del abortorio. Y es que este centro no tenía un contrato vigente en 2007 con una empresa funeraria autorizada para incinerar dichos restos de Clase IV como exige la ley; tan sólo tenía contrato con la empresa CONSENUR S.A. de gestión de residuos genéricos.

¿Qué piensa hacer la Consejería de Sanidad, el Sr. Fernández-Lasquetty, ante esta propuesta de sanción ahora que ya no existe causa penal abierta? ¿A qué espera para actuar el director general de Ordenación e Inspección de la Consejería de Sanidad, D. Manuel Molina?

Y lo peor de todo: no es el primer caso de expedientes contra abortorios que acaban en el cajón. El enemigo está dentroSeguiremos informando.