• Asegura que la compensación a Escal (ACS) no va a extinguir en el tiempo su responsabilidad en la gestión del proyecto.
  • Deberá pagar si se descubren  "vicios y defectos en la construcción o acciones u omisiones durante la concesión".
  • Es un modo como otro cualquiera de ocultar al gran beneficiado, ACS, que recibirá los 1.350 millones que pagarán los consumidores. El Congreso ya lo ha autorizado.
  • El ministro insiste, además, en rebajar el impacto económico y se olvida del coste real con los intereses diferidos en 30 años: casi 5.000 millones.
  • Y lanza un consuelo ante el proyecto fallido: el sistema gasista se ahorra con el cierre los 3.200 millones que hubiera costado su explotación durante 50 años.

El ministro de Industria, José Manuel Soria (en la imagen), sigue empecinado en rebajar el impacto económico del cierre del Castor. Ya saben, ese almacén de gas en aguas de Castellón, cerrado desde hace un año por los más de 500 movimientos sísmicos registrados en la zona. Hoy jueves ha vuelto a hacer lo mismo en el Congreso, al defender la convalidación del decreto ley de medidas urgentes sobre el sistema gasista. Es el último requisito para hacer efectiva la hibernación de la planta, anunciada en el Consejo de Ministros del día 3 de este mes. El Pleno del Congreso lo ha convalidado este jueves con el voto del PP y UPN, la abstención de Foro Asturias y el rechazo del resto de los grupos parlamentarios. Pero lo más sorprendente no ha sido el resultado, previsto, sino cómo Soria ha desviado la mirada hacia la concesionaria Escal, cuyo principal accionista es ACS -o sea, Florentino Pérez-, a la que 'vigilará' por las responsabilidades que deberá afrontar en el futuro por su gestión en el proyecto. Es la misma concesionaria que es indemnizada con 1.350 millones.

Vamos por partes. Por un lado, el ministro no ha entrado en el coste real -la deuda también se paga- que supondrá el cierre. La indemnización a Escal tendrá un coste en intereses que elevan sustancialmente la factura. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) la situó recientemente en 4.731 millones de euros, si tenemos en cuenta los intereses diferidos en 30 años. Según el real decreto, será Enagás la que cargue con ese importe, que se irá, repercutiendo en la tarifa que pagan los consumidores, no lo olviden, a partir de 2016 y durante 30 años.

Soria insiste, sin embargo, en que ha sido mejor ampliar de 20 a 30 años el pago de la deuda, como si pagarla a más plazo fuera más barato. No, se reparte la torta en más tiempo, aunque los tipos para pagar esa deuda se han de reducir al 4,269%.

Es cierto, y lo ha recordado de nuevo Soria, que "el problema grueso, no menor, se lo encontró al principio de la legislatura". Al fin y al cabo, fue el ministro de Industria de la etapa Zapatero, Miguel Sebastián, quien otorgó la concesión con una cláusula que garantizaba la devolución de la inversión en caso de reversión. Pero no es menos cierto que el Ejecutivo no ha sabido presionar a Florentino Pérez como se hace en esos casos. O no ha querido.

Pero paradójicamente, el ministro de Industria ha preferido centrarse en la cláusula de exigencia de futuras responsabilidades -un brindis al sol- que incluye el decreto la concesionaria Escal, que debería pagar si se descubren  "por vicios y defectos en la construcción o acciones u omisiones de todo tipo durante la concesión".

Soria ha asegurado que la compensación a Escal no va a extinguir en el tiempo su responsabilidad en la gestión. Es más, si aparecen 'errores', el concesionario tendría que pagar directamente, y en el caso de fuese insolvente o se disolviese, responderían sus socios o partícipes y de forma solidaria la sociedad dominante.

Y a la paradoja sigue la sorpresa. Según el ministro, para el sistema gasista el cierre ha sido lo mejor porque se ahorrará 3.200 millones de euros respecto al coste que habría tenido la explotación del almacén durante los próximos 50 años. Es el consuelo para un proyecto fallido.

Mariano Tomás

mariano@hispanidad.com