• Los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos y los más interesados en ella.
  • Los padres se apoyan en los colegios para su labor educativa.
  • Es lógico, por tanto, que a veces los padres se organicen y monten colegios que respondan al ideario con el que quieren educar a sus hijos: surgen así los colegios de iniciativa popular (privados).
  • Los padres pagan impuestos al Estado para que este pueda garantizar el derecho a la educación de todos. En ese caso, sería lógico que ese dinero que pagan los padres se utilice -se les devuelva- para pagar al centro que estos elijan para sus hijos.
  • A eso se le llama cheque escolar. Si no, los padres, a veces -como cuando esos colegios de iniciativa popular no reciben conciertos del Estado o estos son insuficientes- tienen que pagar dos veces: los impuestos más el coste del colegio al que quieren llevar a sus hijos.
  • La educación concertada católica ahorra al Estado más de 4.300 millones en España.
Tras la aprobación ayer por el Gobierno de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) con los votos del PP y el rechazo de la oposición, vuelve a estar de rabiosa actualidad el debate sobre la educación en España.

Como en ese debate al PP se le olvida defender a los colegios de iniciativa popular (privados) frente a los de iniciativa estatal (públicos), conviene recordar algunas ideas.

Por ejemplo, que los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos y los más interesados en ella, pues como les han dado la vida, son los que más les quieren, mucho más que 'papá-estado'.

Como, normalmente, los padres no disponen de tiempo ni medios adecuados para educar a sus hijos las 24 horas del día, necesitan la ayuda, el apoyo, de los colegios. Es decir, que la escuela continúa y facilita a los padres su deber primario en la educación de sus hijos.

Es lógico, por tanto, que a veces los padres se organicen y monten colegios que respondan al ideario con el que quieren educar a sus hijos colegios de iniciativa popular (privados). Esos colegios cuestan dinero. Los padres pagan impuestos al Estado para que este pueda garantizar el derecho a la educación de todos. En ese caso, sería lógico que ese dinero que pagan los padres se utilice -se les devuelva- para pagar al centro que estos elijan para sus hijos.

A eso se le llama cheque escolar. Porque, si no, los padres, a veces -como cuando esos colegios de iniciativa popular no reciben conciertos del Estado o esos conciertos resultan insuficientes para costear todos los gastos- tienen que pagar dos veces: los impuestos más el coste del colegio al que quieren llevar a sus hijos.

Y aquí hilvanamos con el cheque escolar, muy bien explicado en Wikipedia, un sistema de financiación educativa que consiste en que el Estado devuelve a los padres (porque antes lo han pagad con sus impuestos) una cantidad de dinero (o un bono canjeable) por cada hijo en edad escolar, cantidad con la que se abonarían los gastos del centro educativo donde aquellos eligiesen matricularlo, según su conveniencia particular, porque los padres tienen derecho -o deberían tenerlo- a la libre elección de escuela para sus hijos. Y podrán elegir entre colegios de iniciativa popular (privados) y colegios de iniciativa pública (estatales).

Las ventajas de este sistema son muchas y también los recoge Wikipedia: la oportunidad de elegir al usuario en materia educativa, promover la competencia y la innovación entre centros educativos estatales y privados para atraer estudiantes, aumentar las fuentes de empleo en el mercado educativo, cortar la dependencia a la educación estatal, permitiendo focalizar la asistencia social sólo en los más necesitados, y reducir el gasto público y la burocracia en esta materia.

El cheque escolar funciona en la actualidad en Dinamarca, Suecia, Nueva Zelanda y Australia, en cinco regiones italianas y en varios estados de los Estados Unidos.

El cheque escolar se ajusta perfectamente a esta declaración: "El poder público, a quien pertenece proteger y defender la libertad de los ciudadanos, atendiendo a la justicia distributiva, debe procurar distribuir las ayudas públicas de forma que los padres puedan escoger con libertad absoluta, según su propia conciencia, las escuelas para sus hijos" (Concilio Vaticano II, Gravissimum Educationis).

Y responde al principio de subsidiaridad, según el cual, "el Estado no debe sustituir la iniciativa y la responsabilidad de grupos sociales intermedios en los niveles en los que estos puedan actuar, ni destruir el espacio necesario para su libertad" (Instrucción Libertatis conscientia). Lo cual es compatible con que el Estado sostenga y ayude cuando sea necesario para asegurar la educación de todos.

A todo ello hay que añadir que, según el último informe conocido, de mayo de 2012, la patronal de Escuelas Católicas (FERE-CECA y EyG) aseguró que la educación concertada católica ahorra al Estado más de 4.300 millones en España. Mientras el coste medio por alumno en la pública era en 2009 de 6.187 euros, en la concertada fue de 3.026 euros.

"Esta diferencia es alarmante, cuando las obligaciones son equivalentes", aseguran desde la patronal, que solicita que se adecúe "lo antes posible" los módulos de conciertos al coste real del puesto escolar y se eliminen las "diferencias actuales" con la escuela pública.

José Ángel Gutiérrez
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