En Buenos aires, el viernes 20 de mayo se celebra la Junta de Accionistas de Aerolíneas, y el martes 24 el número uno de la Compañía, Antonio Mata, deberá comparecer en el Juzgado 35 de Madrid, para responder por los presuntos delitos de falsedad en documento mercantil y fraude en el concurso de acreedores de Aerolíneas. Si no lo hiciera, la jueza dictará orden de detención, dado que el español afincado en la Argentina, ha desoído por dos veces la citación de la jueza (16 de febrero y 19 de abril).

Marsans es propiedad de Gonzalo Pascual y Gerardo Díaz, presidentes de la patronal turística y de la patronal madrileña CEIM, respectivamente. Marsans es el accionista mayoritario de Air Comet, a su vez propietaria del 98% de la instrumental Interinvest, a su vez dueña del 99 por 100 de Aerolíneas (Vean la foto de la firma del acuerdo de venta de Aerolíneas al Grupo Marsans, con el entonces presidente de la SEPI por el Partido Popular, Francisco Ruiz Jarabo). Pascual, Díaz y Mata recibieron 758 millones de dólares del erario público español para reflotar Aerolíneas. Una serie de acreedores han llevado a Mata a los tribunales al considerar que parte del dinero público entregado por España para el pago de deudas y el reflotamiento de la aerolínea se quedó en el camino, con una presunta manipulación de créditos.

Precisamente, de lo que Mata deberá responder es de la presuntamente fraudulenta cesión de créditos de Aerolíneas, lo que llevaría a una asimismo presunta manipulación del concurso de acreedores, todo ello utilizando a la Sociedad Royal Romana Playa, propiedad de Antonio Mata y Ruiz Espejo, como instrumento, además de a la propia Air Comet. Entre ambos, se subrogaron en 256 millones de dólares que la SEPI había destinado al pago de pasivos.

La fiscalía española también se ha interesado en el caso Aerolíneas y se ha personado en el mismo. Del mismo modo, el Tribunal de Cuentas está estudiando los pormenores de la reprivatización, en cuanto puede haberse dado una utilización perversa de fondos públicos. Otrosí: El gobierno argentino ha impugnado las cuentas de la empresa durante todos los ejercicios gestionados por Marsans: 2002, 2003 y ahora se columbra la impugnación de las cuentas correspondientes a 2004.