Con esos alardes de originalidad que en él son tan propios, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Jesús Caldera, acaba de reactivar el enfrentamiento social, también llamado diálogo entre empresarios y sindicatos, con la generalización del despido libre con 33 días de indemnización por año y con una curiosísima medida: flexibilizar el despido de las subcontratas. La primera medida favorece a los empresarios, pero la segunda también. Para el amigo de los pobres, en el que siempre ha querido convertirse Caldera, no está nada mal.
Veamos, la subcontratación es el verdadero cáncer de la economía actual. Todo el empeño de los modernos gestores consiste en no tener responsabilidad alguna con la plantilla. Así que ya no claman por el despido libre, sino que se lo montan a su modo : con subcontrata. Cuando usted pasa por una obra que pone Dragados, Sacyr, Ferrovial o Acciona, tenga por seguro que ni el 5% de los trabajadores que allí contempla tiene algo que ver con las grandes constructoras: son subcontratas. Las ETT son las campeonas de la subcontratación, asimismo extendidísimas en el sector de la distribución o en el de los transportes, y se llega la absurdo de que los medios informativos, un trabajo muy personalizado, han creado su especial sistema de subcontratación: exigir al periodista que se saque su licencia fiscal de autónomo, se pague su Seguridad Social y retribuirle como se paga al fontanero : por trabajo realizado. Es ilegal, sí, pero muy habitual. En pocas palabras: la explotación laboral de hoy se llama subcontratación. Si lo quieren en anglo-pedante: outsourcing.
Por eso, que un Gobierno, por lo demás socialista, intente flexibilizar el despido, comenzando por las subcontratas, es algo parecido a promulgar dieta mediterránea para los muertos de hambre o fondos de pensiones obligatorios para pueblos cuya esperanza de vida no alcanza los 50 años.
Cuando la General Motors anuncia despidos masivos y reducción de los beneficios laborales (servicios médicos, etc.) nadie duda de que el mundo vuelve al viejo lema de los años setenta, cunado las multinacionales adquirieron su poderío : lo pequeño es bonito, sólo que ahora no se refiere a pequeños emprendedores, sino a la descomposición de esas grandes multinacionales en PYMES.
Por tanto, lo que el Gobierno español, o cualquier gobierno, debe hacer es justo lo contrario a lo propuesto por Caldera: en ese proceso, el regulador debe favorecer al trabajador de las subcontratas, precisamente a ellos.
Y claro que la flexibilización en sí misma no es mala. El empresario tiene todo el derecho a prescindir de un trabajador cundo considera que ya no necesita de sus servicios. Lo lógico es el despido libre, no el funcionariado o los convenios blindados. De otra forma, la empresa recurrirá a la economía sumergida o a la subcontratación. Ahora bien, es de justicia no dejar a un trabajador que lleva muchos años en un oficio en la calle sin indemnización, entre otras cosas porque el mundo actual padece de juvenalitis, y un cuarentón difícilmente encuentra un nuevo empleo.
Así que debe cobrar una indemnización. Y no pasa nada porque sea generosa, como la de los 33 días por año trabajado. No, el peligro está en la subcontratación que, combinada con la ausencia de despido libre, ha creado dos mercados de trabajo : el de los asalariados de empresas normales y el de la subcontratación. No necesito explicarle cuál de ellos sale ganando, pero sí puedo añadir que trabaja más el que menos cobra, el subcontratado, el colaborador, el becario.
Lo que hay que exigirle al empresario no es que se case con el trabajador para toda la vida, sino que pague salarios dignos y que no recorte las subcontratación al límite imprescindible: es decir, que no se externalicen trabajos propios de su negocio : por ejemplo, el de un redactor en un periódico.
Por cierto, esto sí que es importante, y no el Estatut catalán.
Eulogio López
