El centro está gestionado por la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas
Según consta en comunicación oficial de 2 de septiembre de 2005 de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales a la que ha tenido acceso Hispanidad, la Comunidad de Madrid determina en el Acta 118/RAA/2005 que se han comprobado incumplimientos de la normativa vigente en materia de servicios sociales en el Centro de Recuperación de Mujeres Maltratadas de Coslada, por lo que anuncian que continuarán con las actuaciones inspectoras iniciadas el 24 de agosto. Conviene señalar que el citado centro es dependiente de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, presidida por Ana Mª Pérez del Campo Noriega.
La decisión se produce tras la denuncia de Vicente Serrano Martín, que observó que las feministas regentes del centro habían procedido a reestructurar la personalidad de sus dos hijas residentes en el centro provocándoles el Síndrome del Rechazo de la Figura Paterna (SPA).
En paralelo, Vicente Serrano presentó denuncia ante la Fiscalía General del Estado por presunta comisión de los delitos de coacciones, malos tratos psicológicos y asociación ilícita. La Fiscalía remitió los hechos al juzgado de instrucción nº 40. Por lo demás, los hechos también son conocidos por el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid desde el 2003.
Las denuncias se presentan contra la presidenta de la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana Mª Pérez del Campo Noriega, contra la psicóloga del CARRMM, Sonia Llamas Millán y contra Javier Lucena Montis, abogado del centro y yerno de Ana Mª Pérez del Campo. En concreto, Vicente Serrano se pregunta si el yerno y la hija de la directora del centro pueden actuar como representantes legales de los residentes, cobrando elevadas cantidades por sus servicios, si resulta posible exigir la incomunicación total de las víctimas con sus ex parejas, si están autorizadas en el centro a intervenir psicológicamente sobre menores sobre los que no hay acreditado maltrato alguno.
Querría saber si la inculcación forzosa de la ideología dominante en el centro no atenta contra la libertad de creencias tratándose de menores, señala Vicente Serrano en su escrito a Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. Lamentablemente, no es un caso aislado.
