• Ahora mismo, las resoluciones de los tres organismos de defensa del consumidor sólo tienen carácter consultivo.
  • Si el banco o la aseguradora se mantienen en sus trece, el cliente debe ir a los tribunales, lo que encarece la reclamación y alarga los tiempos.
  • Sin embargo, Economía dispone de un mandato parlamentario para elevar la ley el carácter vinculante: una ventana a la esperanza.
  • La propia presidenta de la CNMV, Elvira Rodríguez, reconoce que, sin acuerdo con el sector, el carácter vinculante de sus resoluciones tiene difícil encaje jurídico.
  • Pero lo cierto es que la tarea de esos reguladores, con autoridad pero sin poder, queda en entredicho.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la Dirección General de Seguros y el Banco de España no consiguen doblarle el pulso a la banca en materia de reclamaciones sobre productos polémicos, por ejemplo las participaciones preferentes.  

El problema radica en que cuando un cliente reclama a cualquiera de esos tres organismos, por lo que considera un producto financiero, o de seguros, doloso, esos tres organismos emiten un dictamen pero que no es de obligado cumplimiento, sino de carácter consultivo. En otras palabras, que si el banco no admite su culpabilidad, al menos su indemnización, el reclamante debe acudir a los tribunales, con el consiguiente sobrecoste y alargamiento en los plazos de resolución.

Ha sido Elvira Rodríguez, presidenta de la CNMV (en la imagen), quien más ha luchado por que las resoluciones de los mediadores tuvieran carácter vinculante. Y aún sigue en la batalla. Sólo que la banca se niega, y entonces hay que forzarla. Pero Rodríguez reconoce que, sin acuerdo, el encaje jurídico es difícil.

El carácter consultivo de las resoluciones no implica que los jueces no lo tengan en cuenta. Eso está claro, pero al cliente se le exige entonces la reclamación ante los tribunales, y eso supone lentitud y dinero.

La batalla no está perdida pero lo cierto es que se presenta difícil. Llevan ya más de seis meses de negociaciones sin avances.

La solución sería la misma que la del Gobierno Rajoy al elevar a norma de ley las principales resoluciones del Código de Buen Gobierno corporativo.

Y aquí sí que se abre una puerta a la esperanza, por cuanto en el Congreso fue presentado un mandato de los grupos de PP y UPyD para que el Ministerio de Economía hiciera justamente eso: elevar a ley el carácter vinculante de las resoluciones de los organismos reguladores. En ello estamos.

Y cuidado, porque también hay otra dificultad: si se consiguiera eso, esos tres organismos, especialmente la CNMV, asumirían una responsabilidad patrimonial. En otras palabras, a los tribunales también pueden irse los bancos y en la justicia ordinaria también podrían demandar a la CNMV. Los abogados tienen trabajo.

Eulogio López

eulogio@hispanidad.com