Ya había manifestado su malestar con lo que considera como restrictiva interpretación de la Ley Electoral en materia de referéndums. Ella misma se había saltado la normativa interpretando que incitar a la participación no puede ser ilegal. Pero la sanción ha llegado. Y la vicepresidenta De la Vega la considera brutal. Por supuesto, aboga por cambiar la ley, aunque no anuncia que se vayan a poner manos a la obra ni que el PSC vaya a recurrir la decisión de la Junta Electoral Central. Total, la sanción alcanza un máximo de 12.000 euros, así que sale mucho más barato incumplir.