Pues bien, el último Consejo de Ministros, viernes 22, aprobó la adaptación de la Ley de Propiedad Intelectual vigente en España a la Directiva comunitaria.
Como ya hemos informado, esta norma no es más que un preámbulo de lo que el Gobierno dice que será la futura Ley de Propiedad Intelectual del siglo XXI, es decir, la suya, la socialista. Como quien dice, la de verdad.
Pero ya se ha asomando la patita. Especialmente a favor de las tesis de los intermediarios de derechos de autor, las ocho hermanas, la más importante de las cuales, es, naturalmente, la SGAE. Es como si la adaptación comunitaria estuviera incoando la futura ley, que sólo tendrá por beneficiarios a estas sociedades de gestión de derechos.
Por ejemplo, la adaptación ya advierte que se regulará el régimen de copia privada. Regular significa, naturalmente, prohibir o cobrar, o quizás ambas cosa a la vez. Ejemplo típico, bajarse una canción por Internet. No copiar para vender, sino copiar para escuchar.
¿Y cómo se hará esto? Pues, como no podía ser de otra forma, mediante el diálogo entre las partes afectadas, empresas productoras, consumidores y, naturalmente, las SGAE, un intermediario perfectamente suprimible pero imposible de suprimir. Es el estilo Zapatero : todos a dialogar, pero dejando claro que el motivo del diálogo es que los sectores implicados elaboren una lista de soportes y aparatos cuyo uso implicará el pago de un canon.
Ya hemos visto el primer problema de la ley: la presencia de las entidades de gestión de pago. Si se trata de que los novelistas, compositores, directores de cine, etc., cobren por su obra, ejerzan su derecho de autor, lo lógico sería que fuera una entidad pública (¿no es el Estado el garante de los derechos individuales?) quien se ocupara de gestionar el pago, no las ocho buitres que se denominan entidades de gestión de derechos. Entre otras cosas, porque son muchos los autores que se quejan amargamente del peculiar estilo de reparto de las SGAE.
Ahora viene la segunda parte, que consiste en el sistema de financiación que ha impuesto las SGAE, con la aquiescencia del Gobierno Aznar y ahora con el entusiasmo del Ejecutivo Zapatero. Porque claro, como resulta difícil atribuir a cada autor el dinero que le corresponde, las SGAE lo tienen clarísimo : o bien se cobra un impuesto, llamado canon, a todo el mundo, independientemente del uso que se realice del asunto (ejemplo, el canon sobre cada CD que se vende, se utilice o no para piratear) o bien se le cobra un impuesto a cada medio informativo, especialmente a las televisiones, un tanto por ciento de la facturación independientemente del uso que hagan de los derechos de autor e independientemente de los autores que estén adheridos al intermediario. ¡Y el que quiera aprender, que vaya a Salamanca! Insisto : no se cobra según los derechos de autor consumidos: se cobra a todo el mundo por igual e independientemente de a quien represente cada sociedad de gestión de derechos. Por decirlo de otra forma, es como si, ante la imposibilidad para detener al autor de un homicidio, se repartieran la pena de 30 años de cárcel entre todos los vecinos del pueblo donde hubiera aparecido el cadáver. Cada uno cumpliría un mes de prisión y hemos terminado.
A las SGAE les encanta que el Gobierno prescriba nuevos impuestos, que ellos administran de forma muy profesional. Ya lo han conseguido en cosas tan simples como las fotocopias, los videos, los CD, etc. Recientemente, aprovechando la candidez de doña Carmen Calvo, han pretendido imponer un canon, otro impuesto más, sobre los ordenadores (al compra un ordenador) y sobre las líneas ADSL, la clave de la sociedad de la información. La adaptación aprobada el pasado viernes prohíbe ambas cosas, dado que las telefónicas pusieron el grito en el cielo : Estamos construyendo la sociedad de la información, es decir la banda ancha, y doña Carmen pretende grabarla con impuestos.
Ahora bien, en la adaptación no se excluye, por ejemplo, el hardware o ferretería informática: ¿Por qué no colocar un canon sobre cada ordenador vendido, que también administrarán con gran diligencia las SGAE?
Por cierto, en La Gaceta (martes 26) escribe el líder de otra SGAE:
Promusicae. Se trata de Antonio Guisasola, que canta las excelencias de la lucha contra la piratería informática. Pues bien, el currículo de Guisasola es muy similar al de otros músicos: fue el primer subdirector general de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura con el Partido Popular, otro entusiasta de los impuestos públicos privadamente administrados.
¿Comprenden? Primero se colocan los impuestos desde el Gobierno. Luego se pasa a la iniciativa privada, que cobra más, y se administran los tales impuestos. Un chollo, y todo ello en defensa de la propiedad intelectual.
Por eso, estamos seguros que la SGAE sabrá compensar los favores de doña Carmen Calvo, y la acogerá en su seno cuando la siempre veleidosa política le expulse a la luz exterior.
