Sr. Director:
Mi solidaridad y apoyo para el comerciante catalán que va a recurrir su sanción lingüística ante el Tribunal Constitucional.

 

La Generalidad consideró que el letrero de su inmobiliaria con la palabra "fincas" en castellano vulneraba los derechos de los consumidores. Me pregunto cuántos consumidores en Cataluña no entienden la palabra "fincas" y les supone un problema real. Me parece que para nadie. 

Cuando la gente va a una inmobiliaria lo más importante son los precios de los pisos y no si el cartel pone "fincas" o "finques". Lo que deberían hacer los políticos que gobiernan Cataluña es dedicarse a resolver los problemas reales como el paro o la sanidad y dejar a los comerciantes y ciudadanos en general utilizar con libertad, sin amenazas de multas ni sanciones, la lengua que quieran.

Rosa Álvarez