Uno de los abogados de la acusación afirma que a veces confunde al juez ponente con la defensa Emilio Botín. Luis Antonio Martínez de Salinas no deja de ser el mismo magistrado que puso en libertad a uno de los jefes de Al Qaeda en España, hoy en paradero desconocido.

Es igual. En el Santander Central Hispano (SCH) están contentos: el juicio por las indemnizaciones de Amusátegui y Corcóstegui marcha. La verdad es que el fiscal, Fernando Burgos, a las órdenes directas de Eduardo Fungairiño, el hombre que más barreras puso a la juez Teresa Palacios en la instrucción tanto del caso de las cesiones de crédito como en el precitado de las indemnizaciones, sigue en la línea de la Fiscalía: Este juicio no tenía por qué haberse producido.

En cualquier caso, las últimas jornadas de la vista no han favorecido los intereses de Botín. En primer lugar, por la sorprendente declaración de Fernando de Asúa, vicepresidente primero del SCH, quien afirmó que la indemnización inicial que se discutió para Ángel Corcóstegui fue de 180 millones de euros, que, al final, la Comisión de Retribuciones del banco, que él presidía, logró reducir hasta los 110 millones de euros, un detalle que, sin duda, resultará muy gratificante para los accionistas.

Por otra parte, la acusación está poniendo todo tipo de trabas a la presentación de contra-pruebas. Y el asunto no es baladí porque toda la estrategia de Botín se basa en el hecho de que las indemnizaciones como las recibidas por Amusátegui (44 millones de euros) y Corcóstegui (110 millones) son de lo mas habitual en el mundo financiero, al menos en Estados Unidos.

Por otra parte, acusación y defensa habían acordado que el próximo día 13 se hiciera una serie de pruebas periciales. Sin embargo, la magistrada Raimunda de Peñafort afirmó que el domingo no pensaba trabajar ese día.