Jesús María Caínzos, ex vicepresidente del BBVA a quien FG echó a la calle con cajas destempladas y sin que la prensa especializada dijese ni pío, se ha dedicado desde entonces al Instituto de Consejeros-administradores, otro de los escasísimos organismos -no llegan al millón- preocupados por la ética empresarial.

Aldo Olcese y su Instituto de Analistas Financieros también han apoyado la jugada del presidente de la CNMV, Manuel Conthe, y al final ha quedo lo que se dice un churro. Hablamos del Código Unificado de Recomendaciones sobre Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas, que Conthe ha lanzado como un conjunto de normas de acatamiento voluntario (je, je), aunque pobre de aquel que no las cumpla. Hispanidad ya adelantó (edición del martes 10 de enero) las mayores burradas de este nuevo Código, que sustituirá a los de Olivencia y Aldama, burradas que se han mantenido en la nueva redacción. El texto completo puede verse en este enlace.

Pero empecemos por lo mejor, por aquello de dar ánimos: que los sueldos, dietas y otras retribuciones (especialmente las atenciones estatutarias y los fondos de pensiones, que constituyen la parte del león) de los consejeros se especifiquen individualmente, no de forma colectiva. Las alusiones a la privacidad en este punto no son más que argucias para mantener uno de los grandes privilegios de la aristocracia financiera española durante décadas: cobrar muchos miles de euros tradicionalmente oscilaba entre el 2 y el 5% del beneficio bruto- por sentarse en un sillón una vez al mes. Naturalmente (¡¿naturalmente?!) el dinero se les restaba al dividendo que cobraban los accionistas. Y para cobrar estas generosas remuneraciones, los consejeros no invierten un duro. Por lo menos, que las juntas de accionistas sepan lo que les quitan, pero uno a uno, no en conjunto y en un lenguaje críptico, sin discriminar entre emolumentos y salarios diferidos. Por ejemplo, no nos enteramos de que el señor Corcóstegui se llevó 110 millones de euros en concepto de jubilación pobriño, el hambre que va a pasar-.

Hasta ahí lo bueno, hacen bien los tres principales hacedores en exigir que los accionistas sepan lo que cobran sus consejeros. Ahora bien, lo que no tiene pase es la obsesión por la paridad sexual en los consejos, una forma de llamar tontas a las mujeres, que parecen necesitar ayuda externa para ascender en el mundo empresarial, como tampoco tiene pase que el Código pretenda fijar el número de consejeros independientes, a los que considera la llave del buen Gobierno corporativo.

¿Independientes de quién? ¿Del presidente que les nombra y renueva y a quien tienen que renovar? El único consejero independiente es, precisamente, aquel que no lo es según el buen Gobierno : el que se sienta en un consejo porque representa a la propiedad, sea por la tenencia de acciones propias o porque está nombrado por una institución-accionista (dominical). Ese es el consejero independiente que tiene el mismo interés que el accionista minoritario : cobrar el mayor dividendo posible sin matar la gallina de los huevos de oro para poder seguir cobrando en el futuro. Ese es el consejero que no permite que el presidente y los directivos le tomen el pelo con decisiones de las que se favorezcan ellos, pero no los accionistas. Cabría decir que el Ejecutivo defiende a los clientes y a los trabajadores frente al consejero no-independiente, que defiende a los accionistas, porque está defendiendo su propia inversión. Un accionista independiente es Juan Abelló, que sólo acostumbra a sentarse en consejos de empresas donde se está jugando su dinero.

En esto, el Código es muy intervencionista, hasta extremos ridículos que encorsetarían a cualquier administrador. Sin embargo, no entra en lo que sí debería regularse y hasta por ley: los preciados sueldos de los consejeros, y especialmente las atenciones estatutarias. Si los consejeros trabajan en muchas comisiones de control, que cobren por ello y que lo sepan los accionistas, pero sigan participando en los beneficios, no es lógico. La participación en beneficios bien podría derogarse por ley, no por código voluntario. E incluso, dado que tanto hablamos de reputación corporativa, dedicar ese dinero a obra social, no al enriquecimiento de unos pocos que ni se juegan el dinero ni trabajan en la empresa, y que cobran por ser amigos del presidente, no llevarle nunca la contraria o por tener apellido compuesto. Pero, miren por donde, en esto no ha entrado el señor Conthe.