La presidenta sectorial, Carmen Peña, ha apoyado las tesis del Ejecutivo contra la objeción de conciencia de los profesionales

Se confirma lo adelantado por Hispanidad. Decíamos ayer, e incluso este martes lo que se ha confirmado ya desde la organización colegial farmacéutica: sin ruido, y con el apoyo del Consejo Superior de Colegios farmacéuticos, el Ministerio de Sanidad, de la simpática, Trinidad Jiménez, se ha cargado la objeción de conciencia: tendrán que dispensar, y sin receta, la Píldora del Día Después (PDS), la Norlevo y la Postinor, a cualquiera que se le pida, con el apoyo apenas disimulado de la presidenta de los farmacéuticos españoles, Carmen Peña, muchos de los cuales se sienten abandonados por sus representantes.

Lo único que no recoge la información, ya oficial, es el cuadro sancionador que ya les adelantamos: lo dicen en el Ministerio, aunque todavía no en voz alta: entre 30.000 y 90.000 euros a un farmacéutico por negarse a vender una píldora no abortiva. Muy cierto: si la adolescente no se ha quedado embarazada tras una noche loca la PDD no es abortiva, de otra forma sí.

En España se despachan cerca de 600.000 pastillas postcoitales, marcas Norlevo (fabricada por Chiesi) y Postinor (fabricada por Bayer).

La llegada y distribución en España fue aprobada por la ministra de Sanidad de Aznar, Ana Pastor. Lo que aportan ahora los socialistas es la dispensa sin receta y la esclavitud de conciencia para los farmacéuticos.

Y mientras, nadie dice nada. Estamos ante una tragedia silenciosa: la degradación del Estado de Derecho por la supresión de la objeción de conciencia farmacéutica y la degeneración de una sociedad. Por cierto, los organismos consultados por el Ministerio para marcar la normativa sobre dispensación de PDD son todos abortistas y partidarios de la llamada salud reproductiva, que no es salud y tiende a la no reproducción. Ni un solo pro-vida.