El consejo de ministros aprobó el viernes la nueva normativa antimonopolio. La libre competencia se ha convertido en uno de esos valores universalmente aceptados. Ocurre que cuando un valor es generalmente aceptado conviene ponerlo inmediatamente en solfa, cuando menos es sospechoso.
Y en efecto, la nueva normativa pro libre competencia del ejecutivo Zapatero consiste en que el estado se convierta en regulador de las grandes operaciones empresariales, especialmente las fusiones. Asimismo, se entiende por competencia la lucha contra los pactos tácitos o explícitos para mantener precios altos. A poco que pensemos un momento, deberemos concluir que este tipo de legislaciones pro libre competencia lo único que hacen es aumentar el poder del estado, y no proteger al ciudadano. Y así, son los gobiernos los que deciden qué fusiones se llevan a cabo y cuáles no y son los políticos los que, por decir algo, fijan el precio de la luz. Este último ejemplo resulta bastante pertinente, dado que los gobiernos suelen hacer lo siguiente: exigen a las compañías eléctricas que cobren poco a los usuarios por la luz y luego compensan a esa misma compañía con dinero de los impuestos que pagan esos mismos usuarios. Y como hoy me siento especialmente indulgente, y volviendo a la regulación de grandes operaciones empresariales por parte del estado, vamos a olvidarnos de las muchas autoridades antimonopolio que tras favorecer o vetar muchas operaciones de fusión desde el sector público pasan a trabajar en el sector privado, por ejemplo, en bancos de inversión, es decir, en esas entidades que viven de coordinar y asesorar en procesos de fusión y adquisición empresariales: ¿dónde trabaja hoy el ex comisario europeo de competencia Mario Monti?, ¿dónde trabajará en el futuro la actual comisaria de competencia, Noelie Kroes?
En cualquier caso, la competencia es un preciso concepto si nos ponemos de acuerdo sobre lo que estamos hablando. En esto, los americanos nos llevan mucha ventaja. Así que deben convertirse en referencia. Para los gringos, la libre competencia es, ante todo, igualdad de oportunidades, no es una cuestión de libertad económica sino de justicia social. Por eso, las normas antimonopolio norteamericanas no consisten en otorgar más poder al estado frente a las multinacionales, sino en proteger al pequeño del grande, que no es lo mismo. Proteger al pequeño del grande particularmente en dos facetas: la protección del pequeño accionista respecto a los grandes ejecutivos en el interior de las corporaciones y la protección de la pyme frente al oligopolio al que tienden las grandes corporaciones.
Ejemplo de lo primer No se puede permitir que en determinados sectores económicos sea imposible operar sin un capital inalcanzable para un particular. El acelerado proceso de concentración en sectores productivos clave como la información, la energía o las finanzas, son materia prioritaria para cualquiera que crea en la libre competencia. Un ejemplo muy concret a los grandes multimedia informativos internet les produce urticaria. La razón es muy sencilla: crear un medio informativo en internet cuesta mil veces menos que poner en marcha una cadena de radio, diez mil veces menos que fundar un periódico y cien mil veces menos que lanzar una cadena de televisión. La mejor barrera de entrada a la sociedad de la información, la que reduce la libertad de prensa, no es la libertad sino el dinero.
La segunda función de esta igualdad de oportunidades que se persigue con la libre competencia es ya, dentro de las grandes multinacionales, la defensa de clientes trabajadores y pequeños accionistas frente a las tecnoestructuras de la alta dirección. Lo que los norteamericanos no perdonan a las empresas tipo Enron es que un grupo de directivos engañaran a los verdaderos propietarios de las compañías, a los pequeños accionistas. Otro detalle muy concret según las normativas europeas, y en especial la española, cuando un pequeño accionista quiere llevar a los tribunales a un equipo directivo que considera que ha conculcado sus derechos los tribunales exigen cifras enormes como aval para desarrollar la demanda. De esto sabe mucho el empresario José María Trevijano que lleva una década luchando contra los directivos de bancos, eléctricas e inmobiliarias que han suprimido, por las buenas, el derecho de suscripción preferente de accionistas y obligacionistas menudos. A Trevijano se le ha parado en los tribunales por el método de exigirle fianzas previas que, dada la magnitud de las cifras en juego, ningún particular puede avalar.
En resumen, desarrollar la libre competencia no es aumentar el poder del estado frente a las granes empresas, sino aplicar la igualdad de oportunidades y, por tanto, defender al pequeño respecto al grande. Porque la justicia social del siglo XXI no puede ser una pugna entre lo privado y lo público, sino entre lo grande y lo pequeño. Y el estado es tan grande, o más, que las grandes corporaciones. Ya lo dijo Chesterton: ¿Qué más me da que todas las tierras del condado sean propiedad del gobierno o del duque de Wellington?. El gobierno Zapatero no se ha enterado que la igualdad de oportunidades no pasa por reducir la tendencia oligopolística de los empresarios a costa de incentivar la tendencia monopolística de los políticos. Se trata de defender al particular y la pyme.
Eulogio López
