En el pequeño sector económico de los resúmenes de prensa se está jugando la jurisprudencia de los derechos de autor.

A ver, rememoremos. Los grandes editores consideraban que todo el trabajo de los periodistas o columnistas, o todo aquel que escribe en un diario- les pertenecía. Los dueños de la propiedad intelectual son ellos, por el hecho de que pagan un sueldo al escribano. En definitiva, los grandes editores Prisa, Unedisa, Planeta, Recoletos, etc.- querían una ley de propiedad intelectual el mismo texto del desgraciado canon digital- que obligara a todas las empresas de resúmenes de prensa a pedir permiso a los editores y a pagarles por sus reproducciones. La campaña de prensa en este sentido fue feroz y se aprovechó para poner como no digan dueñas tanto a las empresas de clipping como a todo medio digital, que, según los grandes editores, no hacen más que copiarles información sin tan siquiera citar la fuente de procedencia (la verdad es exactamente la contraria). Al final, el objetivo último era mucho más ambicioso y consiste en la teoría del embudo : en que todo el periodismo circule por canales serios, los de los grandes editores.

Ahora bien, aunque no se lo crean, entre los diputados también existe gente honesta. Así que, aunque el proyecto de ley otorgaba los derechos de autor a los editores, una mano negra es decir, una mano blanca- cambió a última hora el texto, y le otorgó los derechos de autor al autor, es decir, al periodista. Juan Luis Cebrián bramaba por todas las esquinas de Madrid, y Rubalcaba prometía venganza ciega contra el autor del desaguisado, pero ya no se podía hacer nada: la ley dictamina una remuneración equitativa al autor, eso sí, siempre que el autor no se haya opuesto expresamente a la reproducción de su noticia o artículo.

Y así, aunque aún quedan muchos flecos por cerrar, lo ciertos es que la asociación del clipping, AESIP, ha llegado aun acuerdo con la Asociación de la Prensa de Madrid según el cual las empresas de recortes deberán pagar un 0,04% de su facturación para que un organismo ligado a la Asociación de Periodistas reparta ese dinero entre los autores.

Si calculamos que las empresas de clipping  facturan unos 20 millones de euros por año algunos dicen que es bastante menos-, tendrían que abonar 1,6 millones de euros a la Asociación de la Prensa para que ésta lo repartiera entre los periodistas. Otra cifra que habrá que analizar es la cantidad de reproducciones que realizan los clippineros. Se habla de 35 millones/año, aunque también esa cifra podría estar sesgada al alza (e incluye las reproducciones digitales)

No sólo eso, como los peces grandes siempre se hermanan en perjuicio del chico, naturalmente- las dos empresas multinacionales de AESIP, Sofres y Acceso, del grupo Mediaplanning, propiedad de Leopoldo Rodés, decidieron romper AESIP y pactar por separado con los editores. Acceso más conocida por Abceso- incluso había llegado a acuerdo individualmente, con lo que ahora, con la nueva ley, se ha pillado los dedos.

Mientras, inasequible al desaliento, los editores continúan la pelea legal, es decir, intentan retorcer el artículo legal en su favor con la inestimable y muy sabia colaboración del bufete Uría y Menéndez, que cuenta con varios ex miembros de la SGAE, es decir, los mejores expertos en retorcimientos legales. Cuenta, por ejemplo, con el cerebro de la SGAE, Agustín González, cuya propiedad intelectual cabe en el bolsillo de las monedas, pero que le ha sabido sacar el máximo rendimiento económico como concepto, lo cual es cosa de mucho mérito. Uría y Menéndez, y con ellos Sofres y don Leopoldo, insisten en que el periódico es una obra colectiva que, por lo tanto, la propiedad intelectual de sus noticias corresponde a quien nunca escribe ninguna: al editor.

¿Es tan importante el clipping? Sí lo es, en el sentido de que quiebra el perverso sistema de propiedad intelectual vigente en el mundo, y hablamos de cine, libros, música, etc., según el cual el beneficiario de los derechos del autor no son los autores, sino los editores, productores, y, en líneas generales, la empresa para la que trabaja el autor. La adaptación de la normativa sobre propiedad intelectual a la directiva europea, ha tenido ese acierto, en medio de un cúmulo de errores que caminan en la dirección opuesta. Entre ellos, el canon digital.