Es verdad que el voto del vocal del CGPJ nombrado por CiU, Ramón Camp, ha sido decisivo en la votación del CGPJ. Pero no es verdad que haya sido un voto provida, sino más bien de ambigüedad calculada. El resultado final es que el CGPJ no ha emitido informe por imposibilidad interna. Así que tira la toalla. Ahora la batalla está en quién asumirá el coste del fiasco. El gobierno tratará de lanzar la pelota caliente contra el CGPJ al que acusará de lento e incapaz de cumplir con su obligación de emitir un informe. La realidad es que el aborto libre ha generado y despertado una enorme confrontación social de la que el CGPJ es sólo el espejo.
Pero regresemos a Camp. Resulta que votó en contra el informe de Claro Fernández (PP) que consideraba la reforma Aído como inconstitucional. En cambio, sólo se abstuvo en el informe de Margarita Uría (PNV) que tan sólo matizaba que en el caso de las menores, los padres deberían ser informados. Ojo, informados, no consentidos.
Además, en su voto particular afirma que el aborto libre tiene perfecto encaje en la doctrina constitucional. ¿Por qué se abstiene entonces? Tan difícil de entender como la abstención del PP al nuevo modelo de financiación autonómica. Pero es verdad que se abstiene y logra que el informe Uría no salga adelante. De ahí a vender que Camp es un provida hay cierta distancia.
