Toda la industria española está pendiente de la aplicación del Protocolo de Kyoto, que, a través de la correspondiente directiva de la Unión Europea, exige una fuerte reducción de emisión de gases contaminantes en España. Hasta el momento, la polémica en el país había estado centrada en la pelea entre Iberdrola y el resto de compañías eléctricas, especialmente Endesa, sobre quién debe pagar la sobre emisión de gases de efecto invernadero y cuál debe ser el tipo de producción eléctrica futura.

 

Pero en el escenario ha irrumpido ahora el presidente de Cepsa, Carlos Pérez de Bricio, que el próximo viernes 28 presenta Junta General de Accionistas. Pérez de Bricio ha afirmado que si el Gobierno español no consigue renegociar los efectos del Protocolo sobre nuestra industria, modificando los términos hasta ahora acordados, podríamos estar hablando de una paralización del país. Nunca una empresa española había hablado en términos tan duros sobre los efectos de Kyoto, precisamente apenas pocos días después de que el presidente del Gobierno Rodríguez Zapatero afirmara que "es más caro incumplir Kyoto que cumplirlo", y también pocas horas después de que su responsable de Industria, José Montilla, alegara que España pensaba cumplir sus compromisos "sin reservas".

 

Pues bien, Pérez de Bricio advierte de consecuencias mucho más graves. Para él, el compromiso de España es imposible de cumplir, por varias razones, y, además, es injusto. España se comprometió a que en el año 2008, a contar desde los primeros años 90, el volumen de emisiones de CO2 habría aumentado un 15%. Se ve que nuestros responsables políticos no confiaban demasiado en el crecimiento de la economía española. En cualquier caso, ahora estamos en el 34% y en 2008 el presidente de Cepsa calcula que podríamos haber superado el 40%.

 

Pero es que, además, Pérez de Bricio afirma que lo que está ocurriendo es injusto. España es hoy el país que menos emisiones de CO2 produce por persona y por PIB de todo el continente. Forzarle a una reducción hasta casi la tercera parte u obligarle a pagar por ello nos llevaría directamente a la ruina.

 

Y hay más. El presidente de la segunda petrolera española recordó que para reducir el azufre en gasolinas y gasóleos se emplea hidrógeno, aún más contaminante que el azufre.

 

No obstante, aquí nos enfrentamos a una cuestión política. El Partido Socialista ganó las elecciones con un programa en el que ha hecho gala de un profundo amor a las directivas de Kyoto. Ahora le resulta difícil desdecirse, incluso no se ha planteado oficialmente ninguna renegociación sobre los compromisos españoles en materia de emisiones. Por de pronto, nadie podrá decir que no estaban advertidos.