¿Saben quién está más enfadado con la actitud de las oficinas de Caja Castilla-La Mancha? Los deudores, es decir, los prestatarios.

Sí, podría pensarse que la indolencia de los empleados les favorecería en su elusión del pago, pero no es eso lo que quiere, por decir algo, un promotor moroso que no ha logrado vender sus pisos. Lo que quiere ese hombre es pactar un sistema de pago que, por ejemplo, le evite entrar en los registros de morosos: pagar intereses pero aplazar el pago de capital u otras fórmulas para capear el temporal.

Pero, para su sorpresa, con lo que se está encontrando nuestro hombre es con una plantilla, no sólo desanimada, sino absolutamente burocratizada. Normal: disponen de avales -es decir, financiación pública- por valor de 9.000 millones de euros. Entonces, ¿para qué molestarse?

Ahora que, ante el silencio gubernamental, el portavoz económico del Partido Popular, Cristóbal Montoro, nos ha explicado que PP y PSOE ya están de acuerdo, que habrá fondo de salvamento bancario, que se anunciará el 8 de junio, un día después de las elecciones, y que comenzará con 90.000 millones de euros, ampliables, conviene recordarle, a un Gobierno tan inútil como el presidido por el señor Zapatero, lo siguiente: supuesto, y no admitido, que haya que salvar bancos con dinero público, en lugar de circunscribirse a asegurar los ahorros de los productos de depósito (ya están asegurados hasta los 100.000 euros en España) lo mejor sería que el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) entrara en danza.

Recuerde algo importante. La entrada del FGD exige un procedimiento concursal. En pocas palabras, que habría entrado en danza un juez. Los jueces -no tienen más que contemplar a Garzón-, de banca no entienden nada pero, eso sí, tienen la mala costumbre de verlo todo desde el código penal, lo que ayuda mucho a los inspectores del Banco de España y a los reflotadores.

Eulogio López

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