El PP tiene una posición ambigua en relación al aborto. Se permiten ir a las manifestaciones provida, pero después, en sus respectivos gobiernos terminan engordando las cuentas de resultados de los centros de abortos. Es el caso de Castilla y León que acaba de firmar un convenio de colaboración con el centro de abortos Ginemédica, SL. El convenio estaba fijado en 789.813,98 euros y finalmente se lo han quedado con una oferta de 750.463,00. Es el pan nuestro de cada día porque el Gobierno Zapatero incluyó el aborto en la cartera de servicios sanitarios y por lo tanto, resulta de oferta obligatoria. Lo que no sabemos es si la Junta de Herrera se toma en serio las inspecciones de unos centros acuciados de rumores sobre permanentes irregularidades en sus práxis habituales.
Lo más sorprendente es que el Plan de Apoyo a la maternidad aprobado en las Cortes de Castilla y León hace como un año todavía no ha empezado su despliegue. Del pomposo Plan Integral de Apoyo a la Mujer Embarazada, no hay nada de nada. Por no haber, no hay ni dotación presupuestaria. Y es que desde la Junta de Castilla y León informan que está a a punto de aprobarse por Junta de Gobierno. Así que ha pasado más un año de la ILP, pero el plan del Gobierno regional todavía no ha visto la luz. Incumplen de esta manera la orden del legislativo que mandata al Gobierno a que en plazo de un año desarrollen los decretos. La ley fue aprobada y publicada en diciembre de 2008. Todavía seguimos esperando.
Sí informan que será transversal, que incorporará medidas de varias consejerías y que básicamente será una 'paquetización' de lo que ya se está realizando. Porque no parece que a mitad de ejercicio vayan a incorporar partida de gasto nuevo. Así que el PP presume de apoyar a la mujer embarazada con problemas, pero termina financiando a los abortorios. Coherencia PP. Y claro, desde el PSOE castellano-leonés se lo echan en cara. Como debe ser.
