En vísperas de la entrevista ZP-Kirchner (ambos dos) Moncloa advierte al presidente de la CEOE, Díaz Ferrán, y a su socio, Gonzalo Pascual, que no les apoyará frente a la Casa Rosada. Para el Gobierno español, la cuestión se cerró en agosto de 2006, tras el acuerdo entre Marsans y la Casa Rosada, y después de que el erario público les regalara Aerolíneas y 758 millones de dólares. Lo cierto es que no se ha producido en el plazo contractual la comprometida renovación de la flota y que Aerolíneas no podrá salir a bolsa -la gran aspiración de Marsans-, si no se cierra el concurso de acreedores

En Moncloa lo tienen muy claro. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) no dará un solo euro más para reflotar Aerolíneas Argentinas, propiedad del grupo Marsans, es decir, del actual presidente de la patronal CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y de su socio, Gonzalo Pascual. Recordemos que Aerolíneas Argentinas propiedad de la SEPI fue regalada a Marsans (bueno, vendida por un euro) y que, además, el Estado español le dio a Marsans 758 millones de dólares para pagar deudas, renovar la flota y reactivar la empresa, todo ello en tiempo del Gobierno Aznar, con Ignacio Ruiz-Jarabo de presidente de SEPI.

Pues bien, Díaz y Pascual no han renovado la flota en el plazo previsto y no han dedicado al plan industrial -o al menos eso dice el Tribunal de Cuentas- el dinero a ello destinado -458 millones de dólares- sino que están imputados en dos juzgados -madrileño el uno (juzgado número 35 de lo Penal), bonaerense el otro- por el concurso de acreedores, es decir, por los 300 millones de dólares (ojo, cuando se realizó la operación, el dólar cotizaba a 0,96 euros) que la SEPI regaló a Marsans para que pagará las deudas de Aerolíneas y pusiera el balance a cero. En lugar de hacerlo, Marsans violentó el concurso de acreedores, lo que provocó que accionistas minoritarios, entre los que se encontraba el propio Gobierno argentino, impugnaran el concurso. Se da la circunstancia de que, si no se levanta el concurso, Marsans no podrá realizar su gran  sueño de salir a bolsa y marcharse de Aerolíneas.

A eso se refiere el Gobierno español cuando afirma que considera cerrado el Caso Aerolíneas desde agosto del pasado año, cuando, por mediación de Zapatero y Kirchner, Díaz y Pascual ceden un 5% al Estado argentino (ahora está dispuesto a cederle un 20%) con tal de que les aprueben las cuentas, mientras el Estado argentino les exige que mejoren el servicio de Aerolíneas y de su filial Austral. Se da la circunstancia de que el servicio ha empeorado durante el último año, y la protesta en Argentina por los retrasos en vuelos va en aumento hasta haberse convertido en un clamor en la Argentina, un país de 3.000 kilómetros de longitud donde el transporte aéreo interior es sencillamente imprescindible.

Lo del Juzgado madrileño es mucho peor: aquí la juez ha admitido la querella contra el presidente de la CEOE, su socio Gonzalo Pascual, y Antonio Mata, número uno de Aerolíneas hasta hace dos días, por los delitos de desvío de fondos públicos, apropiación indebida, falsificación documental, delito fiscal y estafa procesal. Desde luego, en caso de ser condenado, el presidente de la CEOE tendría que dimitir.
Se están iniciando investigaciones para ver la relación entre Air Comet y la compañía Oasis International Airlines, en su momento propiedad de Mario Conde y psoteriormente adquirida por Antonio Mata. La compañía presentó suspensión de pagos en diciembre del 96 (juzgado de Primera Instancia número 57 de Madrid) dejando una deuda de más de 2.000 millones de pesetas con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social. Air Comet se constituyó en diciembre de 1996.

En este momento surge la Cumbre Iberoamericana de Naciones que se celebra en Chile. El sábado, el presidente Zapatero será el primer mandatario en visitar la Casa Rosada para ser recibido por la presidenta entrante, Cristina Fernández de Kirchner, y el presidente saliente, Néstor Kirchner. Pascual y Díaz tenían muchas esperanzas en esta reunión, pero Presidencia ya ha dicho dos cosas: que no intervendrá de nuevo como mediador y que, desde luego, ni un euro, ni un dólar, ni un peso argentino más para Aerolíneas. Que Pascual y Díaz cumplan sus compromisos y nada más. 

En la SEPI ya están un poco hartos de Marsans. La acusación particular ha solicitado la imputación del equipo directivo de la SEPI en el juzgado madrileño citado, al permitir el presunto desvío de fondos del que se acusa a Pascual y a Díaz Ferrán, y la no aplicación de las cláusulas penales contenidas en el contrato de 2 de octubre de 2001 entre SEPI y Air Comet.