El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, ordenó el martes 23 a los fiscales jefes de los tribunales superiores y audiencias provinciales remitir a los juzgados de instrucción de guardia las denuncias sobre las manifestaciones celebradas ante las sedes del PP el sábado 13 de marzo, jornada de "irreflexión". Fuentes fiscales insisten en que la intención de Cardenal es actuar con la máxima prudencia poniendo a disposición judicial la apertura de las investigaciones sobre los hechos acaecidos.
Sorprende que Cardenal haya sido tan escrupuloso con estos actos y tan poco fino para judicializar el fraude del aborto ante unas pruebas contundentes sobre las que ordenó el archivo. Por otra parte, todas las fuerzas políticas han criticado la decisión del fiscal general, pero ninguna ha mostrado hasta la fecha su solidaridad sobre un partido democrático con 9.600.000 votantes que ha sufrido un acoso antidemocrático.
La decisión de Cardenal no será la única que genere sorpresas. Según informan a Hispanidad.com fuentes jurídicas, el fiscal general del Estado se dispone a cubrir las vacantes pendientes sin importarle las probables críticas de los sectores "progresistas" de la judicatura, y a pesar de que Aznar desmintió la intención popular de cubrir las dos vacantes del Tribunal Constitucional.
