El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, manifiesta que las exenciones fiscales de las que se beneficia la Iglesia Católica son cantidades que podrían marear al lector. El ministro de Justicia ha comenzado una ronda de entrevista periodísticas en las que miente sobre los privilegios fiscales de la Iglesia. El objetivo final es reformar el Concordato entre la Santa Sede y España y reducir la educación católica. También se pretende acallar las críticas de la Iglesia a leyes como el matrimonio gay

López Aguilar nos lo ha contado en La Vanguardia el domingo y en Expansión el lunes, pero probablemente la ronda no ha hecho más que empezar: Hay que modificar la financiación del a Iglesia. A la baja, se entiende. En esa campaña, el Gobierno Zapatero ha falseado la situación tributara de la Iglesia Católica.

Como es sabido, la aportación del Estado a la Iglesia, aportación directa, no es más que el complemento (un 30%) de lo que los españoles aportan en su declaración de la renta, en el IRPF. El 30% lo pone el Estado. El llamado impuesto religioso es el único impuesto en el que el ciudadano puede decir dónde va su dinero. Ahora bien, el 30% está aprobado por todos los ciudadanos. En 2005, por ejemplo, será de unos 35 millones de euros, sobre un total de 110. El resto lo han aportado los españoles porque les ha venido en gana. Además, bastaría con elevar del 0,5 al 0,7% la libertad tributaria proporcionada a los ciudadanos para que el Estado no tuviera que aportar nada a la Iglesia. Es, insistimos, el único impuesto cuya finalidad puede ser decidida por los contribuyentes.

Quizás por ello, López Aguilar se siente obligado a aplicar otros argumentos. La contribución del Gobierno al sostenimiento del a Iglesia Católica es, además, mucho mas amplia. No solamente por el capítulo de conciertos económicos, que suma cantidades enormes, sino por el sostenimiento de su obra social y, sobre todo, por el capítulo relativo a lo que podríamos calificar de gasto fiscal del Estado, es decir, ingresos tributarios a los que el Estado renuncia por exenciones que disfruta la Iglesia y nadie más. Estamos hablando de exención del IVA, de los impuestos de patrimonio, sucesiones, donaciones.

Cuando el periodista inquiere si pude cuantificar esas ayudas del Estado a la Iglesia, López Aguilar responde. Son cantidades que podrían marear al lector.

Repasemos ese presunto gasto fiscal. Si hablamos de concierto educativo o de salud, lo cierto es que si la Iglesia no tuviera centros educativos, sanitarios y de asistenta social tendría que financiarlos el Estado, y le saldría mucho más caro.

Vamos ahora con las exenciones. La Iglesia exención por IVA. Cabe pensar que el Gobierno se refiere a actividades como los centros educativos católicos, los que aportan más cantidad a lo que podríamos llamar el balance económico de la Iglesia. Sin embargo, olvida el ministro que la formación no paga IVA, sea formación católica, anticlerical o mediopensionistas. No se sabe qué problema puede ocasionarle esa exención en Bruselas, dado que afecta a cualquier actividad educativa.

Sigamos. El ministro de justicia habla de desgravaciones por el Impuesto de Patrimonio. Aquí el ministro parece confundir impuesto sobe el patrimonio con impuestos locales, dado que el Impuesto sobre el Patrimonio (ley 19/1991 de 6 de junio) deja claro que el sujeto pasivo de este impuesto son las personas físicas, no las jurídicas, así que están exentos de él la Iglesia Católica y el Banco Santander.

Supongamos que Aguilar se ha confundido y se refería al Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), popularmente conocido como contribución urbana. La verdad es que esta era la amenaza más habitual del ex ministro de Economía socialista Carlos Solchaga. En definitiva, considerando que la Iglesia tiene sus templos en los centros de las grandes ciudades, si se le ampliara el Régimen general, lo que tendría que pagar por, pongamos la catedral de La Almudena, simplemente le llevaría a la quiebra. Por esa razón, todas las confesiones religiosas (en España está recogido en ley la exención de la contribución urbana de evangelistas, judíos e islámicos) no pagan IBI.

Pero no sólo ellas. También están exentas, en materia como impuesto de sociedades y tributos locales (Ley de Mecenazgo de 2002) fundaciones, ONGs, entidades sin ánimo de lucro, federaciones deportivas, etc. Es decir, que el empeño de López Aguilar en resaltar que sólo la iglesia se beneficia de unos privilegios fiscales es simplemente falso. Es posible que hablemos de cifras mareantes, pero por su pequeñez o por su correcta equiparación con cualquier otra entidad.

Queda, eso sí, el cepillo de la Iglesia. Por el momento, el monaguillo encargado de pasar la cesta no ofrece recibos a los dadivosos, pero no creemos que sea esto a lo que se refiere el ministro de Justicia cuando habla de una situación excepcional de la Iglesia católica.

Es igual: el Gobierno ha dicho que va a reformar la financiación de la Iglesia, lo cual exige la revisión del Concordato de 1979 firmado entre el Estado español y la Santa Sede, que asegura la aportación religiosa vía IRPF. Y en esta campaña, al parecer vale todo : incluso mentir.

El objetivo final es reformar el Concordato entre la Santa Sede y España y reducir la influencia de la educación católica, cosa de reducir los conciertos o de forzar las condiciones para subvencionar a un centro. También se pretende acallar las críticas de la Iglesia a leyes como el matrimonio gay.