El presidente de la CEOE, José María Cuevas, reconoce a Hispanidad que las medidas de Igualdad tomadas por el gobierno resultan totalitarias. Y es que se obliga a las empresas de más de 250 trabajadores a que establezcan un Plan de Igualdad. Eso sí, el gobierno es bueno y no se mete a legislar el contenido. Podíamos haberlo hecho de otra manera como se hace en otros países, pero nos ha parecido que había que confiar en los agentes sociales. Curiosamente, exactamente el mismo argumentario que el manifestado por el secretario general de UGT, Cándido Méndez.

Desde la CEOE consideran que el Plan de Igualdad es una ingerencia intolerable y que no están dispuestos a tener que negociar una especie de convenio colectivo para mujeres además del general. La patronal está en guerra a pesar de que el diplomático Caldera afirme estar seguro de que llegaremos a un consenso. Y la cosa no afecta sólo a las empresas con más de 250 trabajadores, porque aquellas compañías con menos personal, también deberán de negociar medidas de igualdad.

Y lo más drástico. El Gobierno introduce en la Ley de Igualdad la obligación de las empresas que no presenten balance abreviado (es decir, todas las grandes), vayan modificando la composición de su Consejo de Administración para que dentro de 4 años el 40% de sus miembros sean mujeres. Técnicamente, la incorporación de mujeres se deberá de hacer de manera paulatina según vaya siendo necesaria la renovación del Consejo. Se trata de un objetivo ambicioso, reconoce Caldera.

Y tanto. Actualmente, de las compañías que componen el Ibex 35, las mujeres ocupan tan sólo el 2% de los puestos del Consejo. Sin embargo, tratar de forzar la máquina puede hacer estallar el mecanismo. No obstante, Caldera advierte que si dentro de cuatro años el objetivo no se ha cumplido, tomaremos medidas más drásticas. Para ello contarán con un cuerpo legislativo paritario que a buen seguro estarán dispuestas a retorcer las tuercas a las empresas. Dos objetivos en uno. Y claro, plantear estas cosas en medio de la negociación colectiva, no parece que sea lo más adecuado para lograr el consenso de la patronal, sino más bien, todo lo contrario.

Por cierto, el anteproyecto de Ley Orgánica de Igualdad costará anualmente cerca de 400 millones de euros, según consta en la memoria económica. Como dice Solbes, cuesta dinero