La española Abertis y la italiana Autoestrade han notificado este miércoles a la Comisión Europea su proyecto de fusión. La Comisión goza ahora de plazo hasta el 22 de septiembre para pronunciarse al respecto. De esta manera se evidencia que la operación tiene un carácter comunitario, como por otra parte, parecía evidente. Será pues la Comisión la que autorice o no- la operación, o la que establezca, quizás, la necesidad de realizar determinadas desinversiones.

Y lo hará en controversia con el gobierno italiano que el pasado 4 de agosto emitió un dictamen negativo al considerar que la presencia de ACS en el capital de Abertis supone un conflicto de intereses. El Ejecutivo Prodi argumenta que su negativa no es al proyecto de fusión sino a la transferencia de la concesión pública de Autoestrade a la compañía resultante. Vamos, que el proteccionismo italiano no está dispuesto a que las decisiones de sus autopistas se tomen desde Barcelona. Y como eso es poco sustentable, Bruselas ya ha pedido las oportunas explicaciones a Roma y examina si su negativa contradice la normativa comunitaria.