En este caso la división no es ideológica, porque coinciden en ella consejeros de la CNE nombrados por el PSOE y otros nombrados por el PP: técnicamente resulta inviable aprobar la entrada de la constructora ACS en Iberdrola y sobre todo que ésta posea voto político. El problema consiste en el propio expediente que Florentino Pérez envió a la CNE cuando se hizo con la gestión de Fenosa. En ese expediente quedó claro que no se estaba hablado de una compraventa, sino de asumir la gestión, como en efecto se hizo. No sólo eso, para la CNE resulta inadmisible que la empresa que controla una compañía eléctrica solicite ejercer el voto en una competidora de la que ha comprado un 10%. Y si se alega que se trata del paso previo a una fusión entre ambas sociedades, dado que ACS marcaría las condiciones de canje, los minoritarios, tanto de Iberdrola como de Fenosa podrían resultar perjudicados.
Además, si Fenosa es finalmente cedida a los italianos de ENEL, lo que se estaría incumpliendo sería el propio expediente enviado por la compañía a la comisión tan solo cuatro meses atrás.
