La peripecia bibliográfica más curiosa de los últimos tiempos en España es el libro Memorias, de Rafael Pérez Escolar, el ex consejero de Banesto que llevó a los tribunales a Emilio Botín por el caso de las cesiones de crédito. Todo el mundo la está leyendo, en la City todo el mundo la comenta, pero al parecer se trata de un ectoplasma mediático : ningún periódico, radio o TV se hace eco de ella. El Sistema mediático, al igual que el financiero o el político, no quiere saber nada de quien osa retar, pero sobre todo ridiculizar, al hombre más rico de España, el presidente del SCH, Emilio Botín.
Durante la pasada Junta General de Accionistas del Santander Central Hispano, celebrada en Santander el pasado día 18 de junio, Emilio Botín impidió que el accionista Pérez Escolar leyera una carta dirigida al nuevo fichaje del banquero cántabro : el ex gobernador del Banco de España, y hombre fidelísimo al PSOE, Luis Ángel Rojo. Fue Rojo quien ejecutó la intervención del Banesto de Mario Conde, quien se lo regaló al Santander y quien aceptó a Alfredo Sáenz como máximo responsable del reflotamiento. Hoy, Sáenz es el primer ejecutivo del SCH y Rojo ha sido fichado como consejero, con la correspondiente retribución, por Emilio Botín.
Como ya recordara en su libro, publicado hace ahora un mes, y sin que nadie le haya replicado hasta el momento, Pérez Escolar habla en la carta (ver texto completo) de una reunión mantenida por el entonces gobernador del Banco de España, Luis Ángel Rojo, en su domicilio particular el 24 de diciembre de 1993, cuatro días antes de la intervención de Banesto. En esa reunión se acuerda el ataque, y están presentes Emilio Botín y Rodrigo Echenique, por el Santander, y Emilio Ybarra y Alfredo Sáenz, por el BBV. Es decir, los dos bancos que pujarían por el Banesto de Mario Conde.
Además, Escolar recuerda que nueve mese atrás, Rojo le comunicó que no percibía ningún problema en Banesto ni en su Grupo industrial, a pesar de que nueve meses más tarde invocaría un agujero de más de 600.000 millones de las antiguas pesetas (más de 3.600 millones de euros).
En su misiva, cuya lectura recomendamos, al igual que los tres anexos demostrativos, Escolar advierte: Como me temía, en la reciente Junta del día 18, el Consejo de Administración, una vez más, ha hecho un uso contrario a la ley al utilizar las delegaciones de voto conferidas por multitud de accionistas para asuntos distintos de la moción de censura que yo intenté proponer con tan poco éxito debido a los torpes manejos de la presidencia. Por lo que de proseguir usted como miembro del órgano administrador me obligaría a plantear la cuestión en los términos del artículo 264 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Es decir, el artículo que obliga a quien sepa de la comisión de un delito a denunciarlo ante los tribunales. En otras palabras. Botín puede encontrarse muy pronto con otra querella, esta vez contra el Gobernador del banco de España durante la intervención de Banesto
Recordemos, además, que el actual vicepresidente económico, Pedro Solbes, era ministro de Economía de Felipe González, en diciembre de 1993.
Pero Botín tiene más problemas de tipo forense, casi siempre derivados de Banesto. Así, su consejero delegado, Alfredo Sáenz, declara mañana por el caso que estudia las remuneraciones del equipo reflotador en el caso Banesto. Y todo ello, en vísperas de que se sepa la fecha para el juicio oral por el caso de presunto fraude masivo a la agencia pública en el producto conocido como cesiones de crédito.
Otrosí, Banesto salvó de la quiebra a Aguas de Fuensanta, propiedad de la familia Rato, en unas circunstancias que han despertado la curiosidad de un juzgado madrileño que cree intuir posible trato de favor de los Botín a la familia del ex vicepresidente del Gobierno con José María Aznar.
Sorprendente cambio de destino el de la jueza Raimunda de Peñafort Lorente, 19 años en la judicatura. Fue uno del los tres magistrados que juzgó el caso de las indemnizaciones de José María Amusátegui y Ángel Corcóstegui, quienes se marcharon del Santander Central Hispano con 44 millones de euros y una pensión vitalicia, y el segundo con 110 millones.
A pesar del escándalo, los tres magistrados que componían el tribunal consideraron que no había perjuicio para el accionista y los tres banqueros, pagador y pagados, quedaron en libertad.
Sin duda fue uno los casos que levantó más expectación, especialmente porque durante la vista oral se hizo público el despido de Carla Fyorina, como presidenta de la segunda multinacional informática del mundo, HP, que se marchó a su casa, de la noche a la mañana, con 21 millones de dólares de indemnización.
En cualquier caso, lo sorprendente es que doña Raimunda de Peñafort haya decidido abandonar la Audiencia Nacional, descender en lugar de ascender, y cobrar menos para trasladarse a Valencia, a uno de los nuevos juzgados sobe violencia de género en la ciudad de Valencia. En la Audiencia hablan de que en la decisión ha influido su total falta de entendimiento con el jefe de la Sala de lo Penal de la Audiencia, Javier Gómez Bermúdez. Gómez Bermúdez, el hombre que le ganó las oposiciones a Baltasar Garzón, insistió en presidir el tribunal que debería juzgar el caso de las indemnizaciones, lo que provocó su acusación, recusación aceptada por la Sala (es sabido que las recusaciones casi nunca prosperan).
Por cierto, es la Sala de lo Penal quien deberá juzgar el nuevo caso al que se enfrenta Botín: las cesiones de créditos, mucho más peligroso para sus intereses que el de las indemnizaciones de Amusátegui y Corcóstegui.
