El futuro de Emilio Botín, presidente de la primera potencia financiera española, se juega en los tribunales, de la misma forma que el futuro de Francisco González, presidente del BBVA, se juega en el campo político. Nadie da un duro por la continuidad de FG con un Gobierno Zapatero y todos esperan la resolución de las batallas judiciales en las que está inmerso Emilio Botín: cesiones de crédito y el presunto delito social por las indemnizaciones de José María Amusátegui y Ángel Corcóstegui, ambos casos en las mismas manos: las de la juez Teresa Palacios, de la Audiencia Nacional.
Botín ha optado por seguir la táctica planteada por el penalista Ramón Hermosilla (amigo íntimo de José María Amusátegui) en el caso de los Albertos: elevar el caso al Constitucional. Oficialmente, la decisión se adoptó en el Consejo de Administración de la entidad por unanimidad, la fatídica fecha del 11 de marzo (es verdad que el Consejo ya había sido convocado, pero sería interesante saber cuántos representantes extranjeros estuvieron presentes).
Pues bien, dependiendo de cómo termine la historia judicial, Botín sigue empeñado en hacerse con el BBVA, en un proceso similar al pretendido en Alemania, Francia e Italia, en pleno ‘revival' del nacionalismo financiero: fusiones internas de bancos para evitar ataques de tiburones extranjeros. Enfrente, tiene a un FG crecido tras las peticiones de cárcel del fiscal para Emilio Ybarra (los fiscales españoles siempre son muy duros con el árbol caído y muy débiles con el árbol frondoso) y otros ex directivos de BBVA, expulsados por FG. No, Botín no pierde de vista al BBVA.
