El pasado miércoles 14, Pepiño Blanco, ponía en solfa las primas a las energías renovables. Lo hacía en el transcurso de un desayuno del Foro de la Nueva Economía en donde el ministro de Fomento argumentaba que las elevadas primas ponían en riesgo la competitividad del resto de la industria española. Desde entonces han pasado muy pocos días hasta que el ministro de Industria anunciara un recorte sustancial de las primas. Incluso con efectos retroactivos. Toda la industria cotizaba a la baja la noticia, como es lógico.
Pero como ya se lo temían, ya habían empezado su lobby. En primer lugar, argumentaban que las renovables suponen un ahorro para el sistema. ¿Por qué? Si las renovables no existieran, habría que importar energía procedente de residuos fósiles de fuera Y eso no sólo supone coste monetario no bajo, sino emisión de CO2 que dificulta el cumplimiento de los compromisos de Kyoto.
Pero es que además, las renovables siempre entran en el pool a cero. Posteriormente se producen las subastas y se adjudica un precio medio al que van todos. Si las renovables no existieran, el precio medio se elevaría. Eso hace que de los 6.2.00 millones de euros de primas del año pasado pudiéramos pasar a un coste real efectivo de 5.000 millones.
Es verdad que juntando ambos factores, la dolorosa no ascendería a los 6.200 millones. Pero tampoco sería cero. La pregunta es: ¿podemos permitirnos este dispendio en un momento en que la recaudación está cayendo a plomo? Y sobre todo, ¿las primas nos están permitiendo ganar el liderazgo tecnológico? Más bien no. Hay incluso operadores extranjeros que se han instalado en España al calor y el olor de las primas. El problema es que en términos de seguridad jurídica dar marcha atrás con efectos retroactivos es difícilmente justificable en un juzgado. La gente se ha hecho sus cálculos y ha acometido sus inversiones en función de un escenario que ya no existe. Y eso no es muy defendible.
