- Los costes de Castor: Industria instó la renuncia para ahorrar dinero al sistema del gas
- Industria y ACS irán a juicio para ver quién paga el Castor
- Acciona y KKR inyectarán 900 millones más a su plan de renovables
- Aena pujará por operar en el aeropuerto de Santiago de Chile
- Los sindicatos piden prorrogar el convenio de Telefónica
- Los operadores portuarios se alían en defensa de sus inversiones en España
- El crédito empresarial se contrae el 23% durante la crisis
- El 40% de la banca europea tiene problemas, según la EBA
- Se duplica el porcentaje de trabajadores que perciben el salario mínimo
- La nómina mensual de las pensiones alcanza por primera vez los 8.000 millones
- Reforma fiscal: el Gobierno estudia subir la exención del despido a 4.000 euros
- Hacienda quiere elevar el tipo efectivo de la gran empresa al 12%
- Valenciano no declaró al Congreso su participación en el fondo de la Sicav del Parlamento Europeo
- Magdalena Álvarez se va con 10.000 euros al mes hasta los 65 años y pensión vitalicia
- Correos electrónicos prueban que UGT pedía inflar facturas
- El juez investiga a Facua por falsificar facturas para que UGT lograra ayudas
- La Infanta interpreta su aislamiento como una condena por adelantado
- La Infanta evitaría el juicio si la Audiencia tumba el delito de blanqueo
El Gobierno detallará hoy la reforma fiscal a las comunidades, en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), una reunión en la que previsiblemente varios Ejecutivos autonómicos tengan previsto solicitar algún tipo de compensaciones al Gobierno, en tanto ayer, en la víspera, algunos ya expresaron el temor de que la pérdida de ingresos de la rebaja del IRPF dificulte su cumplimiento de déficit, como es el caso de la Comunidad de Madrid. Su presidente, Ignacio González, dijo ayer en Antena 3 que "si la reducción de los tramos del IRPF no compensa a algún madrileño", propondrá una nueva rebaja fiscal. González también avanzó su intención de mantener la deducción por alquiler a los menores de 35 años, una desgravación en el tramo autonómico del IRPF que supone más de 60 millones de euros en beneficios fiscales.
Por su parte, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, defendió ayer la reforma fiscal, que calificó de "magnífica", al tiempo que hizo hincapié en sus beneficios, sobre todo para las rentas medias y bajas, porque, según explicó, contribuirá al crecimiento económico y a la creación de empleo.
También es noticia hoy que los bancos prevén incrementar sus beneficios este año y los dos próximos. El secretario general de su patronal, la AEB, Pedro Pablo Villasante, apuntó ayer que los resultados irán "de menos a más" y que sus asociados ganarán este ejercicio más de los 7.274 millones de euros obtenidos en 2013. "El 2014 será un año duro", el 2015 probablemente también y el 2016 será el de la normalidad", auguró. Entre enero y marzo, su beneficio cayó el 28,6%, a 2.243 millones, pero en buena medida porque la comparación se ve distorsionada por los 829 millones obtenidos en el primer trimestre de 2013 como resultado extraordinario, un efecto que se verá "neutralizado" a lo largo del año, según Villasante.
Así las cosas, el consejo de Bankia ha nombrado consejero delegado a José Sevilla, con lo que el ejecutivo se afianza como "número dos" de la entidad y de su presidente, José Ignacio Goirigolzarri. Sevilla era hasta ahora director general de Presidencia y consejero ejecutivo de Bankia, cargos para los que fue designado en mayo de 2012. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por CUNEF, antiguo miembro del comité de dirección de BBVA y director general de riesgos del grupo entre 2006 y 2009, Sevilla llegó a Bankia el 16 de mayo de 2012, una semana después de que Goirigolzarri sustituyera en la presidencia a Rodrigo Rato, informa Expansión.
El Ministerio de Industria notificó ayer que Escal, sociedad controlada por ACS y la canadiense UGS, le ha comunicado su intención de renunciar a la concesión de explotación del almacén subterráneo de gas Castor, como adelantó Cinco Días. La decisión definitiva se presentará antes del 31 de julio, una vez que el Banco Europeo de Inversiones (BEI), principal bonista de Castor y, en su caso, el resto de titulares de bonos autoricen el abandono del proyecto, paralizado tras los seísmos que se produjeron en otoño en la costa de Castellón, donde está ubicado. Fuentes conocedoras del proceso aseguran que, además de evitar la ejecución de los avales a los garantes de la deuda, ACS y el BEI, Industria instó la renuncia a la concesión para ahorrar costes al sistema de gas. Este debe retribuir a la instalación, pues ya cuenta con una auditoría de costes, y pagar el mantenimiento de una planta lista para entrar en funcionamiento, pero no para su cierre. Los 1.600 millones de la deuda de Castor, una vez que se pague a los acreedores, podrían ser titulizados por el Gobierno. En cualquier caso, esa deuda la pagará el consumidor en la factura del gas con intereses y aplazada en varios años.
Escal, la sociedad participada al 67% por ACS, ha declarado públicamente su renuncia a la explotación del almacén subterráneo de Gas Natural Castor (Castellón). En un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el grupo de construcción y servicios señaló que aún está pendiente de recibir la autorización del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y de la asamblea de bonistas que financiaron el proyecto con una emisión de títulos por un importe de 1.400 millones de euros. En ese contexto, Industria y ACS irán a juicio para ver quién paga el Castor, indica El Economista.
Acciona y KKR inyectarán 900 millones más a su plan de renovables, según El Economista.
Aena pujará por operar en el aeropuerto de Santiago de Chile, dice Expansión.
Los sindicatos piden prorrogar el convenio de Telefónica, publica Cinco Días.
Los operadores portuarios se alían en defensa de sus inversiones en España, señala Cinco Días.
El crédito empresarial se contrae el 23% durante la crisis. El Banco de España recoge que la construcción se anotó caídas de casi el 54%. Los técnicos analizan 400.000 empresas para ver cómo fluye la financiación. El recorte de primas a las renovables frena muchos proyectos y su financiación, afirma La Vanguardia.
Las entidades financieras españolas y europeas siguen sin salir de la tormenta en la que entraron en 2008. La Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés), publicó este miércoles su informe de junio sobre los riesgos y vulnerabilidades del sector. En su opinión, los ingresos y la rentabilidad de los bancos de la UE continúan enfrentándose a dificultados. La autoridad, que pilotará el análisis de la calidad de activos (AQR) de la banca, considera que el 39% de los activos totales del sector tiene una rentabilidad sobre recursos propios (ROE) de menos del 4% hasta diciembre de 2013, recoge El País.
El porcentaje de trabajadores que cobran el salario mínimo interprofesional —8.979 euros anuales— o un importe menor se ha duplicado desde 2004. Según el INE, 12 de cada 100 empleados españoles percibe esa remuneración. España es uno de los países europeos con mayor tasa de riesgo de exclusión social para personas con empleo, apunta El País.
La nómina mensual de las pensiones alcanza por primera vez los 8.000 millones. La Seguridad Social tiene que recurrir de nuevo al Fondo de Reserva para hacer frente a los aproximadamente 16.000 millones de euros de la paga de junio y la extra de julio, cuenta ABC.
El Gobierno estudia elevar la exención de la nueva tributación del despido de los 2.000 euros por año trabajado a 4.000 euros, lo que afectaría a sueldos a partir de los 42.000 euros, según trasladan a Expansión fuentes conocedoras del proceso. Esta cifra se justifica en que la aportación máxima a la Seguridad Social es de 3.500 euros al mes en doce pagas, con lo que se traslada el mensaje de que se sigue un criterio de equidad.
Hacienda quiere elevar el tipo efectivo de la gran empresa al 12%, dice Expansión.
El eurodiputado de IU Willy Meyer, cabeza de lista de la formación en las últimas elecciones europeas, renunció ayer a su escaño y a todos sus cargos ejecutivos después de hacerse público que era beneficiario de un fondo de pensiones voluntario del Parlamento Europeo gestionado por una sicav. En su comparecencia ante los medios convocada de manera urgente, comunicó su dimisión e insistió en que él no tenía conocimiento alguno de que este fondo de pensiones, al que hizo aportaciones entre 2004 y 200, estaba gestionado por una sicav con sede en Luxemburgo. En ese contexto, Elena Valenciano no declaró al Congreso su participación en el fondo de la Sicav del Parlamento Europeo, destaca La Razón.
La exministra de Fomento Magdalena Álvarez renunció ayer a la vicepresidencia del Banco Europeo de Inversiones(BEI) por el "alto riesgo reputacional" que le puede suponer a la institución su imputación en el caso de los ERE en Andalucía, según apuntó en un comunicado. En una entrevista en la cadena SER, Álvarez insistió en que el motivo de la renuncia no es por estar imputada sino por la campaña de "acoso y derribo" del Gobierno contra ella. "El Gobierno quiere el puesto para otro y está dispuesto a hacer cualquier cosa; están haciendo un daño irreparable y todo tiene un límite. La maniobra, la manipulación y el acoso del PP hacen mella en mí, en el Banco y en España", añadió. En ese contexto, Magdalena Álvarez se va con 10.000 euros al mes hasta los 65 años y pensión vitalicia; la vicepresidenta del BEI evita la destitución y tiene derecho a los privilegios de salida. Las reglas de remuneración del ente le permiten la misma indemnización y pensión que un ex vicepresidente de la Comisión Europea, destaca El Mundo.
Correos electrónicos prueban que UGT pedía inflar facturas. El proceso para engordar la supuesta «caja B» de UGT-A con subvenciones de la Junta de Andalucía incluía instrucciones precisas a sus proveedores sobre cómo facturar los servicios –algunos de ellos inexistentes– para imputar el gasto a programas de ayudas de la Administración. En ocasiones, se inflaban las facturas para que la organización sindical dispusiera de un dinero que gestionaba posteriormente a su antojo: bien contratando nuevos servicios con dicha empresa o reclamándoles el dinero en efectivo. De ambos supuestos existe constancia documental que ahora revisa la Guardia Civil, que estudia el destino final de esos fondos públicos, explica La Razón.
El juez que investiga el presunto desvío de fondos procedentes de la Junta de Andalucía por parte de UGT, ha puesto también los focos en Facua como presunto colaborador en la trama. Se investiga el funcionamiento de la supuesta caja B de UGT "mediante la emisión de facturas falsas o hinchadas que el sindicato pactaba con proveedores de confianza, como Facua", informa El Economista.
El juez José Castro dio ayer por concluida la instrucción del caso Nóos confirmando la imputación de la Infanta Cristina por dos delitos fiscales y otro de blanqueo de capitales al considerar que hay "sobrados indicios" de que interviniera en la presunta trama "lucrándose en propio beneficio" y "facilitando los medios para que lo hiciera su marido", Iñaki Urdangarin, mediante una "colaboración silenciosa de su 50% de capital social de los fondos ilícitamente ingresados en la entidad mercantil Aizoon", fondos procedentes del lucro obtenido por el Instituto Nóos de las arcas públicas de las comunidades valenciana y balear, a los que se añaden el dinero que Urdangarin no desembolsó "gracias a sus defraudaciones fiscales". La defensa de la Infanta, el fiscal Pedro Horrach y la Abogacía del Estado recurrirán la imputación. En ese contexto, la Infanta interpreta su aislamiento como una condena por adelantado. Doña Cristina ha cerrado filas con su marido; los duques de Palma han encajado mal la estrategia que el anterior jefe de la Casa del Rey diseñó para intentar proteger al Monarca, según El País.
La Infanta evitaría el juicio si la Audiencia tumba el delito de blanqueo, añade La Razón.
Tres meses ha consumido Michelle Bachelet de su segundo mandato no consecutivo como presidenta de Chile, y en una entrevista con EL PAÍS anuncia que tiene intención de "avanzar en la despenalización" del aborto. "Yo creo que va a ser durante el segundo semestre", dice. Además, opina sobre los mayores desafíos a los que se enfrenta en su regreso a la jefatura del Gobierno chileno. "La desigualdad es nuestro gran enemigo. Y ese es mi norte fundamental", añade. "Los desafíos que tiene Chile requieren cambios de fondo".
José Ángel Gutiérrez
joseangel@hispanidad.com
- Industria y ACS irán a juicio para ver quién paga el Castor
- Acciona y KKR inyectarán 900 millones más a su plan de renovables
- Aena pujará por operar en el aeropuerto de Santiago de Chile
- Los sindicatos piden prorrogar el convenio de Telefónica
- Los operadores portuarios se alían en defensa de sus inversiones en España
- El crédito empresarial se contrae el 23% durante la crisis
- El 40% de la banca europea tiene problemas, según la EBA
- Se duplica el porcentaje de trabajadores que perciben el salario mínimo
- La nómina mensual de las pensiones alcanza por primera vez los 8.000 millones
- Reforma fiscal: el Gobierno estudia subir la exención del despido a 4.000 euros
- Hacienda quiere elevar el tipo efectivo de la gran empresa al 12%
- Valenciano no declaró al Congreso su participación en el fondo de la Sicav del Parlamento Europeo
- Magdalena Álvarez se va con 10.000 euros al mes hasta los 65 años y pensión vitalicia
- Correos electrónicos prueban que UGT pedía inflar facturas
- El juez investiga a Facua por falsificar facturas para que UGT lograra ayudas
- La Infanta interpreta su aislamiento como una condena por adelantado
- La Infanta evitaría el juicio si la Audiencia tumba el delito de blanqueo
El Gobierno detallará hoy la reforma fiscal a las comunidades, en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), una reunión en la que previsiblemente varios Ejecutivos autonómicos tengan previsto solicitar algún tipo de compensaciones al Gobierno, en tanto ayer, en la víspera, algunos ya expresaron el temor de que la pérdida de ingresos de la rebaja del IRPF dificulte su cumplimiento de déficit, como es el caso de la Comunidad de Madrid. Su presidente, Ignacio González, dijo ayer en Antena 3 que "si la reducción de los tramos del IRPF no compensa a algún madrileño", propondrá una nueva rebaja fiscal. González también avanzó su intención de mantener la deducción por alquiler a los menores de 35 años, una desgravación en el tramo autonómico del IRPF que supone más de 60 millones de euros en beneficios fiscales.
Por su parte, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, defendió ayer la reforma fiscal, que calificó de "magnífica", al tiempo que hizo hincapié en sus beneficios, sobre todo para las rentas medias y bajas, porque, según explicó, contribuirá al crecimiento económico y a la creación de empleo.
También es noticia hoy que los bancos prevén incrementar sus beneficios este año y los dos próximos. El secretario general de su patronal, la AEB, Pedro Pablo Villasante, apuntó ayer que los resultados irán "de menos a más" y que sus asociados ganarán este ejercicio más de los 7.274 millones de euros obtenidos en 2013. "El 2014 será un año duro", el 2015 probablemente también y el 2016 será el de la normalidad", auguró. Entre enero y marzo, su beneficio cayó el 28,6%, a 2.243 millones, pero en buena medida porque la comparación se ve distorsionada por los 829 millones obtenidos en el primer trimestre de 2013 como resultado extraordinario, un efecto que se verá "neutralizado" a lo largo del año, según Villasante.
Así las cosas, el consejo de Bankia ha nombrado consejero delegado a José Sevilla, con lo que el ejecutivo se afianza como "número dos" de la entidad y de su presidente, José Ignacio Goirigolzarri. Sevilla era hasta ahora director general de Presidencia y consejero ejecutivo de Bankia, cargos para los que fue designado en mayo de 2012. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por CUNEF, antiguo miembro del comité de dirección de BBVA y director general de riesgos del grupo entre 2006 y 2009, Sevilla llegó a Bankia el 16 de mayo de 2012, una semana después de que Goirigolzarri sustituyera en la presidencia a Rodrigo Rato, informa Expansión.
El Ministerio de Industria notificó ayer que Escal, sociedad controlada por ACS y la canadiense UGS, le ha comunicado su intención de renunciar a la concesión de explotación del almacén subterráneo de gas Castor, como adelantó Cinco Días. La decisión definitiva se presentará antes del 31 de julio, una vez que el Banco Europeo de Inversiones (BEI), principal bonista de Castor y, en su caso, el resto de titulares de bonos autoricen el abandono del proyecto, paralizado tras los seísmos que se produjeron en otoño en la costa de Castellón, donde está ubicado. Fuentes conocedoras del proceso aseguran que, además de evitar la ejecución de los avales a los garantes de la deuda, ACS y el BEI, Industria instó la renuncia a la concesión para ahorrar costes al sistema de gas. Este debe retribuir a la instalación, pues ya cuenta con una auditoría de costes, y pagar el mantenimiento de una planta lista para entrar en funcionamiento, pero no para su cierre. Los 1.600 millones de la deuda de Castor, una vez que se pague a los acreedores, podrían ser titulizados por el Gobierno. En cualquier caso, esa deuda la pagará el consumidor en la factura del gas con intereses y aplazada en varios años.
Escal, la sociedad participada al 67% por ACS, ha declarado públicamente su renuncia a la explotación del almacén subterráneo de Gas Natural Castor (Castellón). En un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el grupo de construcción y servicios señaló que aún está pendiente de recibir la autorización del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y de la asamblea de bonistas que financiaron el proyecto con una emisión de títulos por un importe de 1.400 millones de euros. En ese contexto, Industria y ACS irán a juicio para ver quién paga el Castor, indica El Economista.
Acciona y KKR inyectarán 900 millones más a su plan de renovables, según El Economista.
Aena pujará por operar en el aeropuerto de Santiago de Chile, dice Expansión.
Los sindicatos piden prorrogar el convenio de Telefónica, publica Cinco Días.
Los operadores portuarios se alían en defensa de sus inversiones en España, señala Cinco Días.
El crédito empresarial se contrae el 23% durante la crisis. El Banco de España recoge que la construcción se anotó caídas de casi el 54%. Los técnicos analizan 400.000 empresas para ver cómo fluye la financiación. El recorte de primas a las renovables frena muchos proyectos y su financiación, afirma La Vanguardia.
Las entidades financieras españolas y europeas siguen sin salir de la tormenta en la que entraron en 2008. La Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés), publicó este miércoles su informe de junio sobre los riesgos y vulnerabilidades del sector. En su opinión, los ingresos y la rentabilidad de los bancos de la UE continúan enfrentándose a dificultados. La autoridad, que pilotará el análisis de la calidad de activos (AQR) de la banca, considera que el 39% de los activos totales del sector tiene una rentabilidad sobre recursos propios (ROE) de menos del 4% hasta diciembre de 2013, recoge El País.
El porcentaje de trabajadores que cobran el salario mínimo interprofesional —8.979 euros anuales— o un importe menor se ha duplicado desde 2004. Según el INE, 12 de cada 100 empleados españoles percibe esa remuneración. España es uno de los países europeos con mayor tasa de riesgo de exclusión social para personas con empleo, apunta El País.
La nómina mensual de las pensiones alcanza por primera vez los 8.000 millones. La Seguridad Social tiene que recurrir de nuevo al Fondo de Reserva para hacer frente a los aproximadamente 16.000 millones de euros de la paga de junio y la extra de julio, cuenta ABC.
El Gobierno estudia elevar la exención de la nueva tributación del despido de los 2.000 euros por año trabajado a 4.000 euros, lo que afectaría a sueldos a partir de los 42.000 euros, según trasladan a Expansión fuentes conocedoras del proceso. Esta cifra se justifica en que la aportación máxima a la Seguridad Social es de 3.500 euros al mes en doce pagas, con lo que se traslada el mensaje de que se sigue un criterio de equidad.
Hacienda quiere elevar el tipo efectivo de la gran empresa al 12%, dice Expansión.
El eurodiputado de IU Willy Meyer, cabeza de lista de la formación en las últimas elecciones europeas, renunció ayer a su escaño y a todos sus cargos ejecutivos después de hacerse público que era beneficiario de un fondo de pensiones voluntario del Parlamento Europeo gestionado por una sicav. En su comparecencia ante los medios convocada de manera urgente, comunicó su dimisión e insistió en que él no tenía conocimiento alguno de que este fondo de pensiones, al que hizo aportaciones entre 2004 y 200, estaba gestionado por una sicav con sede en Luxemburgo. En ese contexto, Elena Valenciano no declaró al Congreso su participación en el fondo de la Sicav del Parlamento Europeo, destaca La Razón.
La exministra de Fomento Magdalena Álvarez renunció ayer a la vicepresidencia del Banco Europeo de Inversiones(BEI) por el "alto riesgo reputacional" que le puede suponer a la institución su imputación en el caso de los ERE en Andalucía, según apuntó en un comunicado. En una entrevista en la cadena SER, Álvarez insistió en que el motivo de la renuncia no es por estar imputada sino por la campaña de "acoso y derribo" del Gobierno contra ella. "El Gobierno quiere el puesto para otro y está dispuesto a hacer cualquier cosa; están haciendo un daño irreparable y todo tiene un límite. La maniobra, la manipulación y el acoso del PP hacen mella en mí, en el Banco y en España", añadió. En ese contexto, Magdalena Álvarez se va con 10.000 euros al mes hasta los 65 años y pensión vitalicia; la vicepresidenta del BEI evita la destitución y tiene derecho a los privilegios de salida. Las reglas de remuneración del ente le permiten la misma indemnización y pensión que un ex vicepresidente de la Comisión Europea, destaca El Mundo.
Correos electrónicos prueban que UGT pedía inflar facturas. El proceso para engordar la supuesta «caja B» de UGT-A con subvenciones de la Junta de Andalucía incluía instrucciones precisas a sus proveedores sobre cómo facturar los servicios –algunos de ellos inexistentes– para imputar el gasto a programas de ayudas de la Administración. En ocasiones, se inflaban las facturas para que la organización sindical dispusiera de un dinero que gestionaba posteriormente a su antojo: bien contratando nuevos servicios con dicha empresa o reclamándoles el dinero en efectivo. De ambos supuestos existe constancia documental que ahora revisa la Guardia Civil, que estudia el destino final de esos fondos públicos, explica La Razón.
El juez que investiga el presunto desvío de fondos procedentes de la Junta de Andalucía por parte de UGT, ha puesto también los focos en Facua como presunto colaborador en la trama. Se investiga el funcionamiento de la supuesta caja B de UGT "mediante la emisión de facturas falsas o hinchadas que el sindicato pactaba con proveedores de confianza, como Facua", informa El Economista.
El juez José Castro dio ayer por concluida la instrucción del caso Nóos confirmando la imputación de la Infanta Cristina por dos delitos fiscales y otro de blanqueo de capitales al considerar que hay "sobrados indicios" de que interviniera en la presunta trama "lucrándose en propio beneficio" y "facilitando los medios para que lo hiciera su marido", Iñaki Urdangarin, mediante una "colaboración silenciosa de su 50% de capital social de los fondos ilícitamente ingresados en la entidad mercantil Aizoon", fondos procedentes del lucro obtenido por el Instituto Nóos de las arcas públicas de las comunidades valenciana y balear, a los que se añaden el dinero que Urdangarin no desembolsó "gracias a sus defraudaciones fiscales". La defensa de la Infanta, el fiscal Pedro Horrach y la Abogacía del Estado recurrirán la imputación. En ese contexto, la Infanta interpreta su aislamiento como una condena por adelantado. Doña Cristina ha cerrado filas con su marido; los duques de Palma han encajado mal la estrategia que el anterior jefe de la Casa del Rey diseñó para intentar proteger al Monarca, según El País.
La Infanta evitaría el juicio si la Audiencia tumba el delito de blanqueo, añade La Razón.
Tres meses ha consumido Michelle Bachelet de su segundo mandato no consecutivo como presidenta de Chile, y en una entrevista con EL PAÍS anuncia que tiene intención de "avanzar en la despenalización" del aborto. "Yo creo que va a ser durante el segundo semestre", dice. Además, opina sobre los mayores desafíos a los que se enfrenta en su regreso a la jefatura del Gobierno chileno. "La desigualdad es nuestro gran enemigo. Y ese es mi norte fundamental", añade. "Los desafíos que tiene Chile requieren cambios de fondo".
José Ángel Gutiérrez
joseangel@hispanidad.com
