90.000 empleos sumergidos aflorados. La ministra Báñez (en la imagen) se enorgullece de ello. Y es cierto: hay mucha economía sumergida en España. Gente que trabaja sin contrato. El entusiasmo de la Inspección de Trabajo les ha llevado a salir en televisión y pedir que los empleados delaten estas situaciones. La delación es secreta, prometen los chicos de Báñez, y, muy contentos, advierten que incluso pueden conllevar responsabilidad penal. A la cárcel con el creador de puestos de trabajo.

Volvamos a los puestos de trabajo 'emergidos'. De esos 90.000 empleos sumergidos, ¿cuántos han emergido o en cuántos casos el empresario ha pagado la correspondiente sanción y luego han sido despedidos o simplemente ha cerrado la empresa

Una norma estupenda esta: conseguimos destruir empleos y cerrar empresas. Eso sí, el Gobierno recauda más dinero -y menos en un futuro, si el empresario se ve obligado a cerrar-. Ya sabemos cuál es la prioridad del Gobierno Rajoy: recaudar más mientras el trabajador 'recauda' menos.

En plata: ¿no sería mejor abandonar esta obsesión inspectora y reducir la economía sumergida laboral por el lógico camino de reducir las cuotas laborales, las más altas de Europa En resumen, cuotas por IVA, reducir cuotas y subir el IVA. Si el empresario no tuviera que pagar un 10% (en otros países es el cero) a la Seguridad Social, en lugar de más del 30% ahora exigido, aflorarían más empleos de forma natural, se preservarían los derechos de cara a la pensión y se crearían más empleos, con lo que el Estado se recaudaría más cuotas per cápita y tendría que abonar otro de los gastos de las cuotas: el subsidio por desempleo, que en la España del 25% de paro significan unos 30.000 millones anuales.

Que el PP siga enorgulleciéndose de la lucha contra el fraude en el empleo. Mejor sería que se enorgulleciese de la creación de empleo.

Eulogio López

[email protected]