La compañía aérea debe 42 millones de euros a la entidad que preside Ana Patricia Botín. Gonzalo Pascual se enfrenta a la familia Botín y les acusa de fraude procesal. El equipo empresarial, nuevo enfrentamiento entre Marsans e Iberia
Lo que está en juego son 42 millones de euros, más las sanciones e intereses de demora. Eso fue lo que Banesto prestó en su día a Aerolíneas Argentinas, cuando era propiedad de Iberia. Como garantía se quedó, no con uno, como se ha dicho, sino con dos Jumbos 747 de la compañía. Luego Iberia abandonó Aerolíneas y el Gobierno español (la SEPI) se lo entregó a los empresarios Gonzalo Pascual, Gerardo Díaz y Antonio Mata, es decir, al Grupo Marsans, considerado próximo a la Casa Real y al alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón.
Aerolíneas asumió activos y pasivos, más 754 millones de dólares de subvención para reflotar Aerolíneas. Sin embargo, no pagó a Banesto y este le ha ganado la causa en tres instancias judiciales argentinas. Es decir, nos encontramos ante una sentencia en firme de la Corte Suprema argentina, contra la que no cabe apelación por la vía civil.
Sí por la vía penal, a la que ha acudido Marsans, con el intento, según fuentes del banco, de dilatar el proceso, lo que no ha gustado a la presidenta de la entidad, Ana Patricia Botín. Banesto no piensa renunciar al cobro, y ya en su día realizó una prueba de fuerza al inmovilizar uno de los aviones embargados en Barajas, aunque el embargo fue levantado, pues aún no había sentencia firme. Va a ser un choque de trenes entre uno de los clanes empresariales que mejor se mueve en Madrid, capitaneado por Gonzalo Pascual, y la familia Botín, que nunca ha perdonado a un moroso. Financiación blanda sí, pero los fallidos se cobran.
Iberia, por su parte, considera que Marsans le ha metido en el caso sin tener nada que ver con ello.
Al tiempo, la SEPI continúa sin liberar los 85 millones de dólares que aún le quedan por recibir a Aerolíneas. Lo cierto es que un grupo de acreedores argentinos han denunciado a Marsans-Aerolíneas, por lo que consideran un fraude en el concurso de acreedores, así como en el destino del dinero público español dirigido a reflotar la compañía. Mientras tanto, el Gobierno argentino se niega a aprobar las cuentas de resultados de Aerolíneas de los ejercidos 2003 y 2004.
