En la mañana del jueves comparecía el consejero de Justicia del gobierno vasco, Joseba Azcárraga, ante el Foro Nueva Economía. Su discurso era el esperable, pero añadió que las víctimas no deben formar parte de un eventual proceso de negociación y pacificación del País Vasco. "Las víctimas deben quedar fuera de la confrontación política y recibir todo nuestro apoyo y nuestro cariño". Pero el apoyo, según Azcárraga no debe entorpecer el "posible cambio en la política penitenciaria". Es decir, según Azcárraga, el proceso de paz debe construirse sobre la humillación de unas víctimas que renunciaron a la venganza confiando en la Justicia y las instituciones. Azcárraga se permite decir que el honor de las víctimas y de sus familiares muertos y heridos puede ser mancillado y utilizado su dolor como moneda de cambio.
Para compensar, Azcárraga también afirma que los presos etarras deben quedar fuera del proceso de negociación, aunque describe el proceso en dos fases. Una primera donde el Gobierno debe de negociar con la banda el futuro de sus presos (o sea, que sí que cuentan) y otra segunda fase política donde ETA no debe tener nada que decir. Por cierto, que Azcárraga no ha querido mojarse sobre si el Gobierno mantiene contactos con ETA, pero afirma que no le sorprendería, que sería normal, que todos los gobiernos lo han hecho y que es la única forma de "tomar la temperatura" de lo que ocurre en el submundo etarra.
