Este jueves se presentaba en sociedad el nuevo secretario general de la FERE, Juan Antonio Ojeda. Sus objetivos fundamentales son desbloquear la negociación sobre el coste de la concertada. Y es que la LOE establece la obligación de equiparar el concierto al coste real. Y la diferencia se estima entre un 40 y un 120%. Sólo por no actualizar conforme al IPC, los colegios han perdido un 20% del poder adquisitivo. Así que esperan que haya voluntad política para tomárselo en serio. Con no mucha esperanza. Porque desde hace más de 10 años existe el compromiso legal de equiparar el sueldo de los profesores de concertada a los de pública. Y no se cumple. ¿Qué mecanismos tenemos para defendernos cuando quien incumple es la misma administración?, se pregunta el secretario general saliente, Manuel de Castro.
La realidad es que la LOE establece un mecanismo para que los donativos de los padres de la concertada sean desgravables en Hacienda. De esta manera hablamos en el fondo de una subvención más que de un concierto. Y además: ¿para qué van a incrementar la dotación en momentos de crisis si los colegios van a abrir de todas maneras?
Algunas CCAA incluso llegan a no pagar lo que deben sin que ocurra nada. Es el caso del Principado de Asturias, que ha optado por no abonar la paga de antigüedad que han llevado a los tribunales. Perdieron en Asturias y ahora están esperando la resolución del Supremo. Mientras tanto no pagan. Pero la Seguridad Social exige que se abonen las cuantías correspondientes y son los religiosos los que tienen que adelantar el dinero.
Por si fuera poco, el Gobierno prepara un decreto que pretende ahogar todavía más a los centros por la vía burocrática más exigencia de ratio, mayores requisitos para el campo de juegos, etc. Un catálogo que no todos los centros son capaces de cumplir.
