La principal preocupación de las empresas de servicios: la nueva ley de morosidad. Ayuntamientos como el de Madrid pagan con un año de retraso
La recientemente aprobada ley de morosidad señala que el plazo para cumplir con los pagos es de 30 días. Sin embargo, el Estado es el primero en saltarse la ley y paga (como mínimo) a 6 meses. La cuestión es que las administraciones son inembargables, por lo que a los proveedores no les queda más remedio que endeudarse contra esos pagos si quieren mantener a flote sus empresas: los bancos les reconocen la garantía del Estado, que a fin de cuentas siempre acaba pagando, pero los intereses hacen más penosa la circunstancia. Lo mismo ocurre con los ayuntamientos, con el agravante de que estos pagan antes a los bancos que a los proveedores.
Esta situación ha llevado a los servicios jurídicos de ASELIP (Asociación de Empresas de Limpieza) a estudiar la posibilidad de reclamar la deuda a alcaldes concejales e interventores. Lo harían a título personal, como una especie de responsabilidad subsidiaria, pero a la inversa, donde la persona responde por la administración. Por el momento, es sólo una posibilidad, pero de llevarse a cabo promete ser interesante.
Mariano Tomás
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