• Sigue al pie de la letra la doctrina peronista: dar subvenciones con el único fin de asegurarse el apoyo ciudadano.
  • Además, crea empresas ficticias a las que luego ayuda con dinero público.
  • Un ejemplo: en 2006, el ministro De Vido liquidó la aerolínea 'fantasma' LAFSA.
  • Ahora, seis años después, sigue en liquidación y el Ejecutivo le ha otorgado una ayuda de 1,8 millones de pesos.
  • De Vido, junto a Kicillof, es uno de los artífices del expolio de YPF.
  • Pero la corrupción llama a corrupción: un juez y el fiscal general han dimitido tras la imputación del vicepresidente por enriquecimiento ilícito.
  • Sufrieron presiones de la misma presidenta.

Las fechorías del Gobierno presidido por Cristina Fernández de Kirchner (en la imagen) no parecen tener límite, sobre todo si se trata de llevar a cabo una política cien por cien peronista. Es decir, dar subvenciones con el único fin de mantener y acrecentar el apoyo popular, siempre aderezado, eso sí, con su buena dosis de nacionalismo que todo lo justifica.

Así, además de subvenciones, el Ejecutivo argentino se dedica a crear empresas fantasma -de amigos, claro- a las que más tarde otorga cuantiosas ayudas públicas. Una muestra: en 2006, el ministro de Planificación Federal, Inversión pública y Servicios, Julio de Vido, anunció la liquidación de LAFSA (Líneas Aéreas Federales). Conviene recordar que De Vido, junto a Axel Kicillof, viceministro de Economía, fueron los artífices de la expropiación de YPF.

Pero volvamos al tema de LAFSA. Seis años después, se ha sabido que esta aerolínea -que nunca llegó a volar- continúa en liquidación y, por tal motivo, el Gobierno Kirchner le ha otorgado una ayuda de 1,8 millones de pesos.

Pero es que esta compañía fantasma -y en permanente liquidación- prevé un déficit operativo de 2,5 millones de pesos y unos gastos totales de 3,2 millones de pesos. Nadie se explica de dónde salen estas cifras, sobre todo tratándose de una empresa que no tiene ninguna actividad -no la ha tenido nunca- por lo menos conocida.

Pero la corrupción no es sólo económica y afecta a altos cargo del Gobierno. Así, el juez que investigaba al vicepresidente Amado Boudou por presunto tráfico de influencias, Daniel Rafecas, ha dimitido tras soportar duras críticas del propio Boudou, respaldadas por la presidenta Kirchner. El mismo camino ha seguido el fiscal general, Esteban Righi, que ha abandonado su cargo tras los ataques de Boudou.

Sin embargo, el nuevo juez encargado del caso, Ariel Lijo, ha imputado al vicepresidente por enriquecimiento ilícito y por presionar al juez Rafecas.

Miriam Prat

miriam@hispanidad.com