Si alguien no lo remedia, y parece que nadie lo va a remediar, el jueves se aprobará en el Congreso de los Diputados la reforma de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, en ella se han incluido dos enmiendas que posibilitan que sea la CNMV quien decida qué es y qué no es una Sociedad de Inversión en Capital Variable (SIMCAV o SICAV). No sólo eso, otra enmienda también promulga el carácter retroactivo de la enmienda, por lo que las actas abiertas por los inspectores fiscales a SICAV (se calcula que se han investigado 200 de las 3.000 SICAV radicadas en España) podrían quedar en papel mojado.
Las enmiendas fueron presentadas por CiU (un grupo siempre atento a este tipo de reclamaciones sociales) pero lo sorprendente es que el Gobierno socialista las va a apoyar, a pesar de las reticencias de sus socios de ERC y de Izquierda Unida. Así al menos se lo han comunicado a la Asociación Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado. Para su presidente, José María Peláez, estamos ante una amnistía fiscal encubierta.
Y se va a aprobar el jueves, justo cuando se dé el visto bueno a la ley del matrimonio gay, probablemente la más polémica de la legislatura Zapatero. Es decir, que según los inspectores, pasará desapercibida.
El asunto es el siguiente: las SiCAV no cotizan al 35% del impuesto de sociedades, sino al 1%, lo mismo que las gestoras de fondos de inversión. Ojo, la sociedad, cuando alguien rescata el dinero sí que pasa su correspondiente IRPF. Es más, son muchos los que opinan que no está mal esa reducidísima cotización, entre otras cosa para evitar que los millonarios todo rico español tiene una SINCAV- no se lleven su juguete a Luxemburgo, que, como todo el mundo sabe, es un miembro de la UE y, al mismo tiempo, un paraíso fiscal.
Ahora bien, el problema no es ese. El problema es que la antiguas SIM, al igual que las actuales SICAV, se han utilizado como el instrumento ideal de un millonario que trataba de dar un pelotazo, sea porque ha hundido la empresa familiar, porque ha logrado la recalificación de un terreno, etc. Se trata de contrarrestar el peso fiscal de la plusvalía con la cotización de las SICAV y su reducidísimo tipo fiscal. Esto es más complejo en las SIMCAV que en las SIM pero no mucho más. No olvidemos que uno de los requisitos para disfrutar de ese 1% es tener un número mínimo de 100 socios. Pero ese es un problema que en ocasiones los ricos solucionan gracias a la pericia de sus gestores, los bancos o agentes depositarios, que no dudan en meter como socios a sus propios empleados.
A pesar de ello, los inspectores denuncian que en el año 2004, nada menos que 489 SICAV inscritas en la Comisión Nacional del Mercado de Valores no cumplían este requisito, por lo que no tendrían derecho a la tributación del 1%. Los inspectores no lo dicen, pero lo que temen es que la CNMV no sea un árbitro neutral, y sobre todo, serio, a la hora de pararles los pies a los ricos. La visión que toda España tiene de la CNMV como desastre incapaz de pararle los pies a los poderosos puede ser cierta o falsa, pero es unánime.
En definitiva, la pregunta es: ¿qué rico o ricos han hecho lobby ante CiU, PSOE y PP quien seguramente también apoyará la iniciativa- para declarar esta amnistía fiscal encubierta? ¿Quién o quiénes han pegado recientemente un pelotazo y han presionado al Gobierno para que neutralice a los inspectores de Hacienda y deje sin efecto las actas ya realizadas, o simplemente para que no le abran? ¿Quién o quiénes están interesados en tener por árbitro exclusivo a la CNMV y su dolce far niente?
Recordemos que todo banquero, editor, empresario o alto ejecutivo dispone de su SIMCAV, naturalmente acompañado de otros 99 socios, aunque a veces ni eso. Para hacerse una idea, estamos hablando de un patrimonio invertido de 24.363 millones de euros, con un beneficio (cifras del año 2003) de 1.051 millones de euros, aunque, por las razones antes dichas, este beneficio puede alejarse un poquito de la realidad.
La verdad es que, después de la retirada del abogado del Estado del caso de las Cesiones de Crédito (el mejor favor de Zapatero a Emilio Botín) este puede ser el segundo escándalo financiero del Ejecutivo. Eso sí, esta vez a través de CiU y con la posible connivencia del Grupo Parlamentario Popular.
Y todo esto, ¿es justa la tributación del 1% para gestoras de fondos y para SICAV? Como instrumento de competencia frente a otro país o paraísos fiscales probablemente sí. Ahora bien, como hemos dicho en Hispanidad, el inversor que realmente está marginado en España es aquel que ni tiene dinero para una SICAV y quiere participar en un fondo de inversión. Es decir, el que invierte directamente en bolsa. Ese paga el impuesto sobre plusvalías en cada operación.
Por otra parte, el argumento de que las SICAV deben ser más grabadas que los fondos es falso. Eso sería tanto como repetir aquella vieja frase de un obrero, que pedía que el precio el tabaco rubio subiera más que el del negro, porque el negro lo fumamos los currantes. Fumar no es una necesidad ni para patronos ni para obreros: es un lujo. De la misma forma, el que invierte en bolsa es porque tiene copadas sus necesidades primarias. Además, ya hemos aclarado que el 1% de SICAV y fondos se refiere a la gestora, no al dinero que, una vez rescatada la participación, se embolsan los particulares, accionistas o partícipes.
Pero es que hay más. José María Peláez insiste en que es una amnistía fiscal para ricos. Desde luego que lo es, una verdadera vergüenza. Ahora bien, no se puede gravar el ahorro y la inversión según la fortuna del inversor, sino según el objetivo de la inversión. Más lógico sería aplicar a todo tipo de inversión financiera unas finalidades distintas dependiendo del objeto de esa inversión: por ejemplo, la inversión permanente debe ser menos gravada que la especulativa. Por eso, precisamente, el producto financiero mejor tratado desde el punto de vista fiscal, y el que afecta de frente a la tributación directamente, son los fondos de pensiones.
Y tendría gracia que el vicepresidente económico, Pedro Solbes, se empeñara en endurecer la fiscalidad de los fondos de pensiones, tal y como anunció su secretario de Estado, Miguel Ángel Fenández Ordóñez, y ahora permitiera que no tributaran los pelotazos de los ricos: los del futuro y hasta los del pasado.
