Ahora que la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Enseñanza ha pasado favorablemente por el Consejo Escolar del Estado y continúa su trámite político y administrativo, no está de más recordar algunos principios que inciden en la comprensión del papel que la educación tiene en la sociedad y de las relaciones entre la Educación y el Estado.
No olvidemos que el futuro de España depende de la educación de las nuevas generaciones. Para dar forma a esta primera y principal inversión convendría no olvidar que el Estado no es el dueño de la Escuela, y por lo tanto, estatalizar la Escuela va en contra de los derechos fundamentales de las personas y de las familias.
En plena sintonía con lo que afirma la Constitución española al respecto, la libertad educativa, de elección de modelo de enseñanza y de centro, no es un acto de generosa concesión del Estado sino un derecho de los padres que debe ser salvaguardado, protegido y facilitado en su ejecución por el Estado.
La comprensión de la Escuela como única, estatal y laica pertenece al pasado, por más que algunos se empeñen en utilizar este modelo para reivindicar privilegios que ya han caducado.
Así se entiende lo lejos que están algunas autonomías en este aspecto como es el caso de Andalucía.
Jesús Martínez Madrid
