El Parlamento Andaluz votó en marzo una iniciativa del Gobierno autonómico andaluz en la que se introducirá por ley la sedación terminal a la carta, un primer paso para la futura regulación del suicidio asistido.
Después del aborto libre y pagado con dinero de nuestros impuestos, donde se hace derecho el exterminio de vidas humanas inocentes hasta la semana 22 en casos especiales como bebés no nacidos con síndrome de Down, pasamos a la siguiente meta de la cultura de la muerte que está imponiendo el Gobierno socialista, en vez de ayudar psíquica y económicamente a las gestantes, además de canalizar adopciones anónimas.
Con el mal llamada proyecto de "muerte digna", una niña de 16 años tendrá derecho a su propia sedación terminal sin siquiera autorización de los padres, y la familia de un paciente terminal inconsciente podrá decidir si le administran una dosis suficiente de sedantes para que muera.
Con ésta ley desaparece el límite de la voluntad de los pacientes y el personal sanitario es mero ejecutor de decisiones sobre la vida de sus pacientes.
El Gobierno, con su intervencionismo exacerbado, se hace ejecutor de leyes que van contra el derecho humano más básico que deberíamos gozar todos, la vida.
Juan Francisco Fernández Aguilar
