La clave de la presunta estafa de Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual consistió  en capitalizar las deudas de ARSA, en lugar de utilizar el dinero del Tesoro español para lo era: pagar las deudas

 

Los bancos acreedores buscan un comprador para Marsans mientras sus propietarios, Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, se niegan a dimitir como presidente y vicepresidente, respectivamente, de la CEOE. Pero la quiebra de Air Comet y la delicadísima situación de Marsans no ha pagado el origen de todo el desastre del Grupo, que no es otro que Aerolíneas Argentinas (ARSA). En el momento presente, en el Juzgado 35 de Madrid, se sigue el sumario donde los Hombres G están imputados por tres presuntos delitos: estafa procesal, desvío de fondos públicos y delito fiscal, éste último con un informe de la agencia tributaria en la que se concluye que Marsans estafó más de 100 millones de euros al fisco en la operación ARSA.

Y en estas, aparece una información de Europa Press que nos devuelve a los orígenes del caso. La clave está en estas palabras de la noticia de Europa Press: Así, el órgano fiscalizador apuntaba que SEPI aportó  300 millones de dólares (220 millones de euros) a la sociedad Interinvest -propietaria de Aerolíneas y bajo control de Air Comet- que debían haber sido destinados al pago de pasivos con el compromiso de capitalizar los créditos en Aerolíneas Argentinas en un plazo determinado.

La historia no es muy conocida, porque la prensa española se empeñó en ocultarla ante las presiones de Marsans. El Gobierno Aznar le regala Aerolíneas a los 'Hombres G' y les ofrece, además de otros fondos para reflotar la compañía, 300 millones de dólares para pagar deudas. Ahora bien, Ferrán y Pascual, en lugar de tomar el dinero con la mano izquierda y pagar a los acreedores con la derecha, capitalizan parte de ese dinero en la nueva compañía, lo cual, es, evidentemente ilegal. Se convierten en accionistas mayoritarios de la compañía e imponen una quita inasumible para los pequeños accionistas... entre los que se encontraba, hay que ser tontos, el mismísimo Gobierno argentino.

Todo esto, y el resto de presuntos delitos, no se hubieran podido cometer, o al menos eso sospecha la acusación que lleva el abogado Rafael Caro, razón por la cual ha encausado a los altos cargos de la SEPI que firmaron el contrato de venta de Aerolíneas a Marsans y que transfirieron los fondos de ayuda, entre ellos Juan Gurbindo que sigue siendo subdirector general.

Miriam Prat

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