Sr. Director:
Otra vez nos quieren vender la burra de la novedad y la necesidad de una ley de derechos del paciente terminal como si el pasatiempo favorito de los médicos hubiera sido hasta ahora jugar con los pacientes el encarnizamiento terapéutico.

 

Según Pilar Grande, portavoz del PSOE en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, esta ley da seguridad jurídica a los profesionales. La novedad es que si se aprueba la ley dará pie a que el paciente pueda imponer al médico sus decisiones respecto a los tratamientos a recibir al convertir la voluntad del paciente terminal o en agonía en el único criterio jurídicamente relevante para decidir los tratamientos y su retirada.

Ningún artículo del Anteproyecto se refiere al juicio profesional del médico, con lo cual, los profesionales sanitarios se convierten en proveedores automáticos de servicios sin conciencia, libertad, ciencia o arte propios. Un profesional sanitario o un centro, pueden ser sancionados por realizar cuidados básicos como la hidratación y la alimentación a un enfermo terminal porque a partir de ahora se considerarán medidas extraordinarias.

Según una encuesta reciente de la OCU a 2.959 sujetos, compuesta por familiares de personas fallecidas a causa de una enfermedad terminal, médicos y enfermeros, el 38 por ciento reconocía que el temor más acuciante del enfermo era ser una carga personal para la familia. Por eso creo que darle autonomía al paciente para que pueda disponer qué tratamiento se le da supone imponerles una carga de responsabilidad que no están preparados para llevar, sobre todo, cuando lo hacen presionados por no convertirse en una carga para los demás.

Pienso que esta ley nos adentra en arenas movedizas y por ahora no quiero pensar que con el pretexto de nuevos derechos, se pretenda encubrir alguna finalidad de distinto carácter.

Victoria Blasco López