La Comunidad de Madrid -como otras muchas administraciones- cometió el error de tratar de comprar la paz social financiando liberados sindicales. Una especie de chantaje que sin embargo salió carísimo. Estos liberados han perdido el hábito de trabajar y están especializados en hacer la vida imposible a la administración Aguirre. Son un ejército de sindicalistas dedicados en cuerpo y alma -8 horas al día con su pausa por bocadillo- a poner palos en las ruedas al Gobierno. Sobre todo cuando se acercan las elecciones.
Así que Aguirre ha decidido coger el toro por los cuernos y dar marcha atrás a la estrategia blanda. Ahora anuncia que eliminará 2.000 puestos de liberados con lo que se ahorrará los 70 millones de euros que cuesta su sustitución. Además, anuncia que ejercerá un mayor control sobre las horas sindicales. Es de esperar que la medida provoque una reacción airada de los sindicalistas. Lo que pasa es que en el cálculo de Aguirre, esa reacción se iba a producir de todas las maneras. Así que ha debido de pensar que más vale una vez rojo que ciento amarillo.
Andrés Velázquez
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